En el marco de la cuarta mesa de trabajo para el análisis del informe de la Cuenta Pública 2006, correspondiente al sector de desarrollo social, organizado por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se informó que el efecto económico de las observaciones en este rubro ascendió a 8 mil 421 millones de pesos.

Ante diputados del órgano legislativo y auditores especiales de la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados destacó que el impacto económico se concentró esencialmente en el sector Educación Pública con 7 mil 596 millones 900 mil pesos.

En este rubro, informó el titular de dicha unidad, Roberto Michel Padilla, destaca la evaluación del Programa Enciclomedia, en la cual se constató que la Secretaría de Educación Pública erogó 4 mil 857 millones 600 mil pesos sin que proporcionara evidencia documental de los recursos ejercidos.

Además, dijo, no se cumplieron las metas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 respecto al equipamiento de aulas de 5º y 6º grados, y los resultados de aprovechamiento conseguidos por los alumnos beneficiados con el Programa Enciclomedia fueron inferiores hasta en 24 puntos respecto a los que no estuvieron incorporados a dicho programa.

De igual forma, agregó, la Auditoría Superior de la Federación determinó que el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda del Magisterio no fue eficiente ni eficaz, ya que no alcanzó la meta en materia del otorgamiento de créditos para sufragar los gastos de enganche y escrituración en la adquisición de casas en beneficio de maestros de educación básica.

“Por lo que respecta a la Secretaría de Desarrollo Social, las revisiones de la ASF determinaron que aun cuando cumplió con los términos de las auditorías, se evidenciaron fallas de integración de los padrones de beneficiarios de los programas de combate a la pobreza”.

Entre otras irregularidades, abundó, se demostró la falta de uniformidad en los métodos de selección de beneficiarios de los programas de desarrollo social.

“En el Programa Oportunidades se observó que en el país existen 17 mil 315 localidades de alta y muy alta marginación que no son atendidas por la dependencia federal, además de que se incumplen las reglas de operación en relación con niños y jóvenes que deben estar registrados”.

La Unidad de Evaluación y Control señaló que en las revisiones al desarrollo social se detectó la dispersión y desintegración de las bases de datos utilizadas en los programas sectorizados, lo que incide en la precisión de los diagnósticos sobre la pobreza y la marginación.

Por lo que respecta al sector salud, resaltó, se observaron fallas en los sistemas de control interno, omisiones de metas e indicadores institucionales para medir el cumplimiento de los propósitos y prioridades nacionalesy sectoriales, así como faltas diversas en la atención médico-quirúrgica y hospitalaria a la población derechohabiente.

“En la revisión a los servicios médicos y prestaciones económicas y sociales en el IMSS, por ejemplo, la ASF encontró que el 31.7 por ciento del millón 900 mil derechohabientes que solicitaron una consulta de especialidad, tuvo que esperar más de dos semanas para recibirla y la programación del 12.8 por ciento de 557 mil intervenciones quirúrgicas, registraron retrasos de más de 20 días”.

Asimismo, agregó el titular de la Unidad de Evaluación y Control, se detectó que en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales para la defensa de los intereses del IMSS en juicios y de los recursos financieros aplicados para ese fin, las delegaciones concluyeron 31 mil 718 juicios fiscales, de los cuales sólo ganaron el 38 por ciento, con una recuperación de mil 20 millones de pesos y perdió el 62 por ciento cuyo monto ascendió a mil 923 millones 400 mil pesos.

“Un resultado que llamó la atención en las revisiones al IMSS es que el déficit para cubrir sus obligaciones laborales se incrementó 2.9 veces entre 2004 y 2006 para ubicarse en 7.3 billones de pesos. Por sí solo, este alarmante incremento merece que la ASF brinde una explicación más amplia sobre las implicaciones y las causas que lo provocaron así como sus posibles riesgos”.

Por lo que corresponde al ISSSTE, en las auditorías se detectó que el principal factor detonante de su crisis financiera está vinculado con la disminución de la proporción de trabajadores activos respecto de los pensionados.

Destacó que para 2006, la evaluación actuarial de las pensiones del año previo presentó un déficit de 3.2 billones de pesos para enfrentar las obligaciones del instituto y un déficit de operación de 37 mil 563 millones 600 mil pesos que fue cubierto con las transferencias que realiza el gobierno federal.

De igual manera, se registró un desabasto en 14 de las 135 claves de medicamento revisadas con un efecto económico de 57 millones de pesos, además de que hubo entrega de medicamentos sin recetas a derechohabientes y altos porcentajes de insatisfacción por los usuarios en los servicios proporcionados por el instituto.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Antonio Ortega Martínez (PRD) señaló que la Sedesol incumplió los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Social, al no contar con un Padrón Integral de Beneficiarios conformado por la base de datos de los 16 programas de combate a la pobreza.

En este sentido, refirió que el Ejecutivo no garantizó la equidad y la eficacia del otorgamiento de servicios y subsidios de los programas de desarrollo social, ni la cobertura poblacional y territorial.

“El informe de la Auditoría expresa, en sí mismo, la ineficacia de la Sedesol, y su proclividad a la opacidad en el gasto público. Igualmente podría confirmar la probable manipulación de los padrones de beneficiarios con el puro objeto de ocultar el desvío de recursos públicos hacia las campañas políticas en 2006”.

Añadió que tal parece que el gobierno de Vicente Fox administró la pobreza con “simples paliativos y programas asistenciales con fines electorales”. Citó como ejemplo que el 92.3 ciento de las 3.9 millones de familias “recertificadas” por la propia Sedesol, continuaron en condición de pobreza, aun cuando recibieron los apoyos durante tres años.

De igual forma, el 47.1 por ciento de los 9 millones 874 mil niños y jóvenes integrantes de las familias de los programas de desarrollo social no reciben ningún apoyo educativo.

Mencionó que de acuerdo con el informe de la Auditoría, la Sedesol jamás emitió las normas para la captura de los padrones de beneficiarios de los programas a su cargo, sin embargo, “entre 2004 y 2006, el Ejecutivo informó del supuesto abatimiento de los niveles inferiores de pobreza con relación a los que existían en 1992”.

“Además intentó justificarse señalando que en el periodo 2001-2006, el gasto ejercido por la Administración Pública Federal para superación de la pobreza pasó de 1.2 por ciento del PIB en 2001 a 1.7 por ciento en 2006”.

Aseveró que en 2006, el gasto público en materia de Desarrollo Social ascendió a 988 mil 368.9 millones de pesos, que equivale al 60.7 por ciento del gasto programable del gobierno federal.

“A pesar de esa enorme inversión, la pobreza se agudizó en México y actualmente cerca de 44.7 millones de mexicanos sobreviven en condiciones de pobreza”.

Puntualizó que con esta cuarta reunión se dan por terminadas las mesas de trabajo para el análisis de la Cuenta Pública 2006, por lo que el próximo 25 de junio dará inicio la integración de las conclusiones.

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