La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD), citará a comparecer a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, para que expliquen sobre la exención del IVA a Telefónica Movistar y el eventual reembolso de tres mil millones de pesos a UNEFON.

Durante una reunión de la mesa directiva de la Comisión, se acordó invitar también al ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, para que informe sobre estos mismos temas.

“Las razones por la invitación a Gil Díaz y la invitación a Carstens son muy claras, son sujetos y actores involucrados en estos temas”, subrayó Ortega Martínez.

“Carstens, supongo, tiene claro un punto de vista sobre el asunto de las concesiones de UNEFON y el posible daño al erario y suponemos que la Secretaría de Hacienda debe estar haciendo algo, y queremos saber qué hace”.

De igual manera, el actual secretario “debe tener una opinión sobre la discrecionalidad con que actuó el SAT; que curiosamente es el mismo funcionario en el sexenio pasado que en éste y que tiene que dar una explicación sobre la exención del pago del IVA”.

En entrevista, añadió que esperarán el esclarecimiento de la información para tener un panorama lo más completo posible y, a partir de ahí, con base en fundamentos legales, determinar responsabilidades y ver qué procede; pero inicialmente lo que se quiere, antes de presentar denuncias, es conocer el punto de vista de las partes involucradas.

Al término de la reunión, explicó que en 1989 COFETEL hizo una convocatoria para licitar concesiones de telefonía de banda ancha, ganada por UNEFON; sin embargo, la empresa no cubrió el monto de la concesión en el plazo establecido, aproximadamente dos mil trescientos millones de pesos, en un lapso de 180 días, y la COFETEL, con opinión de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, otorgó una prórroga para el pago.

Además, le estableció a la empresa el pago de interés por 538 millones de pesos, quien impugnó esa decisión ante un tribunal de última instancia, que le dio la razón y se los devolvieron.

“Lo delicado es que la Cuenta Pública arrojó datos sobre un segundo juicio para la actualización de los 538 millones de pesos, que significarían que el gobierno tuviera que disponer de más de tres mil millones de pesos para UNEFON”.

Esto, dijo, generaría un daño al erario muy grave, pues con ese dinero se podrían equipar cuatro mil aulas multimedia; se becaría a más de 15 mil jóvenes mexicanos para hacer maestrías y doctorados en el extranjero; y más de mil 500 comunidades marginadas tendrían acceso a tractores y a métodos técnicos más modernos.

Sobre el caso de Telefónica Movistar, Ortega Martínez dijo que la revisión de la Cuenta Pública 2006 arrojó una decisión del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de exentar del pago del IVA el roaming internacional de esta empresa, por lo que también se invitará a Gil Díaz para que aclare este asunto.

Dijo que se deben conocer las medidas sobre la discrecionalidad con que actuó el SAT. “Es urgente elaborar la corrida financiera para conocer el monto de esa exención y, a partir de ahí, establecer el daño al erario, aunque estoy plenamente seguro de que el SAT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deben conocer el monto del IVA no pagado por más de un año”.

Lo extraño, abundó, es que Gil Díaz sale de la Secretaría de Hacienda y a los pocos días lo nombran presidente del consejo de administración de la empresa.

“No sólo violó la norma que establece que ningún funcionario público de alto nivel puede ser contratado en el transcurso de los dos siguientes años por una empresa privada, bajo el supuesto de que podría haber hecho uso de información privilegiada y que significara una especie de conflicto de intereses”.

Sobre las consecuencias para Gil Díaz, el diputado señaló que “elhecho de que ya no sea funcionario público no lo salva, el que adquiera la calidad de funcionario privado no lo blinda de las responsabilidades que pudo haber tenido cuando era funcionario público”.

Indicó que con el poder que tuvo como Secretario de Hacienda, “debe estar interesado en que su imagen pública no se ligue a la corrupción, tráfico de influencias y denuncias. El hecho de que deje de ser funcionario no lo exime de responsabilidades; hay fundamentos legales para iniciar procedimientos y responsabilidades que las autoridades tendrán que esclarecer”.

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