·Las reformas evitarían controversias constitucionales: Sosa Castelán

·Las investigaciones de la ASF duermen el sueño de los justos: Cárdenas Márquez

A fin de evitar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no sea sólo un órgano de denuncia, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación anunció que impulsará en el próximo periodo ordinario, reformas a la Constitución para darle facultades sancionatorias.

En el marco del informe final de la revisión de la Cuenta Pública 2006, que se presentará el próximo miércoles a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y ante el Pleno camaral, diputados integrantes de este grupo de trabajo se pronunciaron por emprender reformas para dotar a la ASF de facultades para actuar contra la corrupción y la opacidad y no sólo ser un órgano de denuncia.

Los diputados Antonio Ortega Martínez (PRD) presidente del órgano colegiado, Gerardo Sosa Castelán (PRI) y Elías Cárdenas Márquez (Convergencia)reconocieron que existe un vacío legal que se debe resolver para que la ASF tenga facultades sancionatorias.

Actualmente, dijo Ortega Martínez, la ASF revisa e identifica irregularidades y las entrega a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero “el gran problema es que es el propio Ejecutivo quien investiga y sanciona”.

A su vez, el secretario de esta comisión, Gerardo Sosa Castelán (PRI), sostuvo que es necesario aprobar en el próximo periodo ordinario de sesiones una serie de iniciativas, ya presentadas, para fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación.

Entre ellas, destacan las modificaciones a los artículos 97 y 100 de la Constitución, a fin de que la ASF tenga más facultades para actuar y evitar las controversias constitucionales que han interpuesto los poderes Ejecutivo y Judicial para evitar auditorías de desempeño.

Dijo que si la ASF tiene mayores facultades, podría iniciar averiguaciones que le permitan actuar en contra la corrupción y la opacidad y no sólo ser un órgano de denuncia.

“La ciudadanía tiene el derecho de conocer las irregularidades, pero también hay la obligación de sancionar a quien las comete. Hoy en día, los funcionarios sólo escuchan esas denuncias y prometen soluciones pero queda únicamente en eso, en un llamado a misa, y al próximo año es lo mismo. Entonces, vamos a modificar la ley para sancionar a esos oídos sordos”, advirtió.

Explicó que con el marco jurídico vigente, la Auditoría Superior tiene un plazo de 45 días hábiles para denunciar irregularidades y concluido éste no hay posibilidad de aplicar la ley. De ahí que se requiera modificarlo para evitar la temporalidad.

Dijo que de aprobarse estas reformas, se evitaría nombrar comisiones especiales o de investigación, que al final no entregan resultados “que, lejos de investigar y generar información que se siga en una averiguación previa, exoneran a quien se está investigando porque el tiempo para la investigación es insuficiente”, apuntó.

Señaló que en el informe del análisis de la cuenta pública, que se entregará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se hace un recuento de observaciones en las que se reitera la opacidad en la operación de diversas instancias, tanto federales como estatales y municipales.

“La Ley no nos permite actuar en consecuencia, hemos dejado las observaciones para que la SFP, la PGR y las dependencias relacionadas, puedan solucionar estos problemas”.

Enfatizó que de no realizar las modificaciones “nos vamos a convertir en una comisión que sólo denuncia, pero no resuelve absolutamente nada”.

En su oportunidad, el diputado Elías Cárdenas Márquez (Convergencia), secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, coincidió en la necesidad de facultar al órgano fiscalizador para no recurrir a organismos “que sólo han servido para encubrir y hacer mayor tramitología, que es una de las fuentes primarias de la corrupción”.

Denunció que las instituciones creadas para la renovación moral y la simplificación administrativa no han funcionado y propuso la desaparición de la SFP, pues no tiene ninguna función.

“La simplificación de trámites ha probado hasta la saciedad que no funciona, salvo cuando se trata de adversarios del gobierno o haya algún conflicto político o de interés del propio gobierno”.

“Todo lo mandamos a procedimientos, trámites engorrosos y finalmente lo que encuentra la auditoría va a parar a los dormitorios, porque no se les puede llamar de otra manera, de la PGR y la SFP; donde duermen el sueño de los justos todas las investigaciones”.

Propuso que la ASF elabore un informe respecto de todos los asuntos que ha hecho del conocimiento de esas dos entidades para que los legisladores, posteriormente, puedan solicitarlesinformación del estado que guardan todos estos casos y proceder contra ellos, llamarles a que consignen ante la autoridad correspondiente.

Por lo que respecta al informe de la Cuenta Pública, el diputado Antonio Ortega Martínez indicó que con éste se da cumplimiento a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Mencionó que para terminar con el rezago de las cuentas públicas que no han sido resueltas por el Pleno, que van de 2002 a 2006 y cuyos impactos presupuestales son prácticamente por 100 mil millones de pesos, la Comisión de Presupuesto podría incorporarlas en un solo dictamen.

“Prácticamente es todo el sexenio de Fox y no hay calificación política de la Cámara de Diputados; estamos hablando de un sexenio caracterizado por el desorden administrativo, que dio pie a problemas de corrupción, mal uso de los recursos y aprovechamiento de facilidades para que los funcionariosmetan la mano en las arcas públicas”, enfatizó.

Adelantó que el Informe del Análisis de la Cuenta Pública 2006 destaca que las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación ascienden a 33 mil millones de pesos (MDP); la SEP y PEMEX son los sectores que recibieron más observaciones, con impactos presupuestales cercanos a los 12 mil MDP y 15 mil MDP, respectivamente.

Ortega Martínez señaló que esas cifras son similares a los excedentes petroleros del primer trimestre de 2008, lo que obliga a avanzar en el otorgamiento de facultades a la ASF para que pueda sancionar.

Indicó que “PEMEX sigue siendo cliente frecuente de la Auditoría Superior de la Federación; es razonable la revisión profunda que se hace, porque es la entidad que posiblemente maneja el mayor número de recursos públicos federales; y las observaciones tienen que ver con excedentes, PIDIREGAS, contratismo, pasivos laborales y relaciones con el sindicato, entre otras”.

Añadió que en próximos días vencerá el plazo legal para que las entidades auditadas en la Cuenta Pública 2006 atiendan y solventen las irregularidades observadas por el máximo órgano de fiscalización del país.

“El auditor tendrá que informar a esta comisión qué entidades atendieron las recomendaciones y cuáles no, y establecer ante la SFP y la PGR las denuncias de hechos para iniciar los procesos”, concluyó.

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