Para enfrentar la crisis alimentaria mundial es necesario que los recursos presupuestales lleguen oportunamente a los campesinos y disminuir la importación de alimentos, así como impulsar la educación e investigación agropecuaria, comoparte de una política de Estado que apoye al campo.

Afirmó el diputado Alejandro Martínez Hernández (PRD), presidente del Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), durante la inauguración del Foro “¿Crisis Alimentaria en México?”.

Indicó que el presupuesto del programa especial concurrente (PEC) fue de 203 mil millones de pesos,pero “se trata de que llegue a los campesinos, que no se detenga ahí y luego tengamos subejercicios; nos enteramos que 15 ó 20 mil millones de pesos no fueron ejercidos”.

Señaló que México es autosuficiente en la producción de alimentos, al cosechar 22 millones de toneladas de maíz, cuando el requerimiento para abastecer el consumo interno es de 11 millones de toneladas.

“El país está preparado y puede enfrentar de manera contundente esta crisis, tenemos tierras, campesinos y presupuesto, pero falta una política pública que le dé seguimiento”.

Señaló que la situación alimentaria no es un tema de coyuntura, sino una cuestión estructural producto del neoliberalismo, el cual no funciona para abastecer los alimentos necesarios.

“Es un modelo político y económico injusto y degradante, por lo que el desafío inmediato es buscar un modelo alternativo de desarrollo y crecimiento económico que propicie una forma de agricultura ecológica, sustentable y socialmente justa”.

A su vez, el diputado Héctor Padilla Gutiérrez (PRI), presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, coincidió en que la solución a esta situación es la reactivación del campo, el rescate de la infraestructura y el impulso a universidades e instituciones de investigación, porque la tecnología dará certidumbre a la sociedad en la producción y abasto de alimentos.

Reconoció que, a pesar del incremento de precios de alimentos, que en algunos casos ha llegado hasta el 100 por ciento, todavía no hay problemas de desabasto, “pero no tenemos mucho tiempo antes de que este fenómeno se refleje en el seno de la sociedad”.

A su vez, el diputado Ramón Barajas López (PRI), secretario del Comité del CEDRSSA, destacó que los responsables de la política agrícola deben de reconocer que hablar de la importación del 30 por ciento de maíz, el 100 por ciento de soya y 80 por ciento de arroz, son datos que demuestran la magnitud de la dependencia alimentaria de México con el exterior.

En su oportunidad, el rector de la Universidad Autónoma Chapingo,Aureliano Peña Lomelí, dijo que la crisis agroalimentaria es una realidad que se ha expresado con el alza de precios de los productos básicos y que constituye una amenaza que puede agudizar la pobreza.

Aseguró que es resultado de políticas públicas añejas que han provocado la insuficiente producción de alimentos en México. “Lo que estamos cosechando son los frutos de un desmantelamiento paulatino del campo y la falta de atención a las instituciones de enseñanza e investigación agrícola superior en el último cuarto de siglo”, acotó.

Los legisladores tendrán que decidir cómo invertir los recursos necesarios para fortalecer el aparato productivo e impulsar la educción, capacitación, investigación e innovación en la materia.

Sergio Barrales Domínguez, director general del CEDRSSA, expresó que es una responsabilidad institucional, ética y moral analizar objetivamente la problemática, a fin de evitar juicios optimistas y opiniones extremas de la situación.

“De que hay crisis hay crisis, si la entendemos desde el punto de vista de que no somos capaces de producir lo que comemos”. Dijo que éste es el inicio de un conflicto que se puede atender de manera oportuna y que en este foro se recogerán opiniones de especialistas para encontrar soluciones.

El objetivo del foro es identificar las causas de la crisis mundial de alimentos, estimar su permanencia en el mediano y largo plazo y coadyuvar en la definición de una estrategia que atienda sus efectos.

Además, aportar elementos para diseñar una política de Estado que permita enfrentar la coyuntura de alza de precios en alimentos y energéticos, así como valorar los instrumentos de política anunciados por el Ejecutivo Federal en la construcción del sistema agroalimentario que requiere el país.

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