·Piden reestructurar políticas públicas y crear una reserva de alimentos

·Denuncian subejercicio de Sagarpa por 20 mil mdp

Tras aceptar que en México hay crisis alimentaria, la que podría agudizarse en los próximos años, diputados federales y especialistas demandaron reestructurar las políticas públicas para reactivar al campo a fin de hacerlo más eficiente y competitivo, además de proponer la creación de una reserva de alimentos para afrontar la posible hambruna.

En el marco del foro ¿Crisis alimentaria en México?, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), la diputación del PRD denunció que pese a la problemática que enfrenta el sector agrícola, la Secretaría de Agricultura registra un subejercicio aproximado de 20 mil millones de pesos.

La diputada perredista Adriana Díaz Contreras destacó que a finales de 2007 se acordó, por parte de todas fracciones de los partidos políticos, incrementar el presupuesto asignado a la SAGARPA, puesto que la propuesta que había enviado el Ejecutivo era mucho menor.

Sin embargo, agregó, no ha aplicado los recursos autorizados, lo que afecta programas que deberían ser estratégicos.

Durante el foro, los participantes advirtieron que aun y cuando no haya desabasto, el encarecimiento de los alimentos provocaría que en algunas zonas se padezca hambruna, sobre todo en las campesinas y rurales.

El diputado Santiago Pedro Cortés (Alternativa), secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante del CEDRSSA, planteó la necesidad de crear una reserva alimentaria, toda vez que en México han aparecido los primeros signos de emergencia.

Destacó que el riesgo y las consecuencias de esta crisis son enormes, toda vez que existen 44 millones de personas en estado de pobreza y pobreza extrema, para los cuales cualquier carestía no compensada con un incremento en sus ingresos repercute directamente en un menor consumo de alimentos.

En este sentido, indicó que en la primera quincena de abril de 2007 y 2008, el aumento de los precios de alimentos creció 58 por ciento, en cambio, los salarios mínimos únicamente se incrementaron en 4 por ciento. “Además, el costo de las importaciones de alimentos pasó de 2 mil 555 millones de dólares en 2004, a 14 mil 309 millones de dólares en 2007”.

“Estamos ante una emergencia que reclama una renovación urgente del campo, y eso implica formular una política de Estado que revitalice al sector y permita garantizar la seguridad alimentaria”.

Al respecto, la diputada Adriana Díaz Contreras refirió que la crisis alimentaria es resultado de una política neoliberal implementada desde hace 30 años y que se encargó de desmantelar la infraestructura rural.

Manifestó que la problemática campesina debe entenderse como un asunto de seguridad nacional y a pesar de que el Acuerdo Nacional para el Campo prevé y reconoce la necesidad de mantener la soberanía y seguridad alimentaria, a la fecha el Ejecutivo no ha reglamentado dicha ley.

Finalmente, propuso elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación y publicar en lo inmediato el censo agropecuario.

A su vez, el diputado Pablo Arreola Ortega (PT), secretario de la Comisiónde Reforma Agraria, coincidió que la crisis alimentaria no es un fenómeno coyuntural sino estructural, por lo que demandó respuestas de fondo.

Dijo que esta crisis no se va a resolver con decisiones fáciles, como abrir de forma indiscriminada los cupos de importación de productos básicos. “La solución es crear la conciencia para dar un cambio fundamental en la política de producción de alimentos”.

Mencionó que mientras estas políticas y el presupuesto de Egresos no tengan una dirección adecuada, en función de una planeación estratégica, nuestro país no podrá ser autosuficiente en la producción de alimentos.

Víctor Sánchez Trujillo (PAN) integrante del CEDRSSA, indicó que más allá de las criticas y cuestionamientos, el Congreso debe encontrar soluciones a este reto. Nuestro principal problema, reconoció, son las situaciones estructurales: “qué podemos y qué no podemos producir”.

Mencionó que el discurso de la soberanía alimentaria tiene que ver con una simetría. “¿De qué estamos hablando? ¿de la capacidad de un país para producir lo que come o de la capacidad para poderse alimentar?

México, abundó, tiene elementos estructurales para poder producir, pero también situaciones por las cuales difícilmente se puede entrar a una competencia, incluso, para el propio abasto de su alimentación.

Concluyó que es indispensable tecnificar al campo y en ese sentido aceptó que las políticas públicas y la aplicación del presupuesto para el sector están fallando.

“El presupuesto o lo hemos dispendiado o lo hemos ocupado en la sujeción política de quienes deberían votar por un color u otro; lo hemos convertido en diferentes programas que atienden a la presión social de grupos que a veces se convierten en mercenarios de la pobreza”, subrayó.

En tanto, el diputado Jorge Godoy Cárdenas, de Convergencia, secretario de la Comisión de Economía, coincidió también que la crisis alimentaria no es actual sino que deriva de la desatención histórica del campo.

Aseguró que las actuales políticas públicas son asistencialistas y no están encaminadas a la producción de alimentos, por lo que no se permite pensar en una soberanía alimentaria.

“México vive una crisis alimentaria sin precedente, misma que se concentra en la población rural y urbana de bajos recursos. Esta población es afectada en un 80 por ciento por la desnutrición, debido a la disminución del consumo de alimentos básicos que en los últimos 18 meses ha descendido en un 29 por ciento”.

Explicó que el problema de la inseguridad alimentaria se encuentra relacionada con el nivel del empleo, la capacidad adquisitiva de los salarios y la distribución de los ingresos.

En su participación, Jaime Matus Gardea, del Colegio de Postgraduados, sostuvo que algunos de los factores que inciden sobre la llamada crisis alimentaria son, después del crecimiento de la demanda, los bioenergéticos, particularmente etanol a partir del maíz; una política energética de Estados Unidos en su posición geopolítica; al aumento del precio internacional del petróleo que afecta a los mercados agrícolas; la caída de producción en algunos países y al cambio climático.

Rechazó que el incremento de los precios de los granos se deba a cambios en la dieta de China y la India como se menciona en algunos círculos oficiales e internacionales.

Ron Nigh, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, dijo a su vez que la crisis alimentaria es provocada por las políticas públicas neoliberales aplicadas por varios países.

En el caso de México, indicó, desde hace muchos lustros el gobierno mantiene una política abiertamente anti campesina, “que desprecia y desalienta a los pequeños productores, a pesar de que estos siguen proporcionando una parte significativa de los alimentos que consumimos”.

Luis Cruz Nieva, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria destacó que el programa anunciado por el gobierno federal para hacer frente al alza de precios en los alimentos, ha sido calificado de coyuntural, insuficiente ineficaz y contrario a los productores nacionales por la mayoría de las organizaciones campesinas y “no les falta razón”.

Añadió que la FAO y la OCDE advierten que la crisis alimentaria se mantendrá por varios años, con el riesgo de hambruna en aquellos países que dependen de manera importante de los mercados mundiales y México está inmiscuido.

Aseveró también que la crisis alimentaria es provocada por la especulación de las grandes empresas transnacionales, similar a lo que ocurre en otros sectores como el inmobiliario y el energético.

María Guadalupe Medina Márquez académica de la Universidad de Morelos, consideró que es necesario diseñar una nueva estrategia de Estado para enfrentar el alza de precios en alimentos y energéticos.

Abundó que en ese diseño de estrategias se debe voltear la mirada al pasado y reconocer que las actuales son el resultado de una visión mecanicista y mercadológica, por lo que propuso la reconstrucción de un sistema agroalimentario sustentable, con innovaciones estructurales.

Víctor Suárez Carrera del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), mencionó que erróneamente, el gobierno federal discute aún si en el país si hay crisis alimentaria o no.

Dijo que incluso, México vive una crisis alimentaria de tiempo atrás. Prueba de ello, dijo, es la existencia de 20 millones de mexicanos en condiciones de desnutrición y anemia, principalmente de las zonas rural e indígena, además de que el 35 por ciento de la población sufre de obesidad, derivado de la malnutrición.

Sostuvo que en 14 años, México pasó de niveles relativos de autosuficiencia a una dependencia alimentaria del 42 por ciento y cada año importa alimentos por más de 10 mil millones de dólares.

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