El diputado Rafael Ramos Becerril (PRD), presidente de la Comisión de Seguridad Social, demandó que el Poder Judicial de la Federación se conduzca con respeto a la legalidad y acelere la revisión del conjunto de disposiciones de la nueva Ley del ISSSTE que se impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el foro sobre la Revisión del proceso legal de las demandas de amparo promovidas ante la SCJN, el legislador dijo que es indispensable que las resoluciones se definan bajo los criterios que la Corte planteó, y que se den al margen de cualquier fin político.

Explicó que en la primera sesión del Pleno de la Corte, por votación unánime, se acordó estudiar la norma enjuiciada como una reforma en conjunto, no artículo por artículo, sino que la evaluación tenía que ser de todo el sistema de seguridad social.

Ramos Becerril añadió que entre los proyectos de sentencia presentados por la Ministra Margarita Luna, se analizan 10 expedientes que proponen en términos generales negar el amparo para prácticamente todos los aspectos relevantes de la ley, incluido el nuevo régimen de jubilaciones y pensiones.

La resolución de la SCJN, dijo el diputado, versa sobre los artículos 25, 60 163, 251 y la fracción cuarta del artículo décimo transitorio, este últimoplantea que los trabajadores no podían tener la aplicación de una ley retroactiva que afectara el monto de su salario, las aportaciones, el aguinaldo y el tipo de pensión que la nueva ley no contempla.

Esta determinación está presentada bajo parámetros de interpretación de las disposiciones y no de la constitucionalidad de Ley en su conjunto.

Tenemos la sospecha de que el aplazamiento de la revisión total se realiza para influir en la decisión de los trabajadores al servicio del Estado para que elijan entre el bono de pensión y el nuevo régimen señalado en el artículo décimo transitorio.

En tanto, José Antonio Vital Galicia, dirigente de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, reiteró que no quisieron plantear la inconstitucionalidad de estos artículos para que no se tuviera que regresar a la Cámara de Diputados y abrir una nueva discusión sobre el tema.

Todo mundo cree que se terminó el proceso, pero aún estánpendientes el conjunto de agravios y conceptos de violación señalados en el temario planteado y en la ruta crítica para la revisión de los juicios de amparo, subrayó.

Manifestó que se sistematizaron los 83 modelos de demandas de amparo promovidos contra la ley y que sobre esa base se formuló un temario que considera las violaciones sobre el proceso legislativo, sobre el sistema de transición a los regímenes de pensiones de retiro, los sistemas de seguros, de prestaciones, entre otras.

De estos, agregó, nada más tocaron el tema de la transición de los Trabajadores en activo hacia el régimen de jubilaciones.

Se tienen que desahogar alrededor de 52 mil demandas que todavía no entran en proceso y se trabaja en la revisión de 101: “Si dejamos que la corte vuelva a sesionar en periodos largos para revisar cada una de los temas, entonces toda la oposición puede caer en el desgaste”.

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