·Este clima ahuyenta inversiones: Camacho Quiroz

·Hay impunidad y poca efectividad del sistema de seguridad: CANACINTRA

Diputados, senadores y funcionarios coincidieron en que ante la ola de inseguridad que vive el país es fundamental unir esfuerzos entre los Poderes de la Unión y sociedad para recuperar la seguridad pública y contar con un mejor esquema de impartición de justicia.

En la inauguración del Congreso Internacional: El sistema de justicia penal y prevención social del delito, el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (PRI), destacó que se vive en una sociedad en crisis, derivada de la falta de coordinación, capacidad de policías y por infiltraciones de la delincuencia organizada en las instituciones.

Durante el evento efectuado en las instalaciones de la CANACINTRA, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública enfatizó que se deben tener policías a la altura de la sociedad, no cuerpos que no tengan la capacidad para realizar un cateo o quevayan a un centro de diversión a cerrarles las puertas a jóvenes y provocar la muerte.

Cuestionó a los cuerpos que efectúan ese tipo de operativos, pues dijo, “son los representantes de la autoridad, y es ahí donde está la falla, pues quienes deben de guardarla son los que provocan la muerte y problemas de este país”.

Añadió que “desde la frontera norte hasta la sur el país arde, ya que nadie quiere ser jefe de policía, secretario de seguridadpor un constante temor, y que los únicos que están enfrentando con valor el problema son los militares”.

Rivera Bedoya enfatizó: “Nos da pena que los empresarios salgan del país y las familias dejen su patria por temor, en verdad nos preocupa, estamos consternados de cómo se nos fue el país de las manos y que cada día resurgen nuevos incidentes”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado César Camacho Quiroz (PRI) indicó que el fenómeno de la seguridad y justicia es complejo, “podríamos concebirlo como una cadena cuyos eslabones son la policía, el ministerio público y la corporación encargada de la persecución de delincuencia”.

Mencionó que es urgente que en una tarea en la que se involucre a todos y a las autoridades, se haga frente al fenómeno creciente, al complejo y demandante problema que la sociedad está padeciendo.

Precisó que un círculo que debería ser virtuoso ahora es vicioso, porque la inseguridad es una expresión de injusticia. “Este clima ahuyenta las inversiones, sin las cuales no hay empleo y sin empleos no hay riqueza que distribuir”.

Enfatizó que es fundamental convertir esta cadena en un círculo en que un país con una democracia de calidad tiene un sistema de seguridad y justicia confiable que atraiga inversiones y que sea también un sitio óptimo para que prosperen inversiones nacionales y extranjeras.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, Ulises Ramírez Núñez (PAN), mencionó que el atraso en la seguridad pública y la justicia en México, ha provocado la unidad entre las distintas fuerzas parlamentarias para abatirlo.

Indicó que es preocupante el cierre de las empresas porque los programas de seguridad han sido insuficientes para abatir la incidencia delictiva, “muchos industriales lamentablemente están poniendo como opción el cierre de sus empresas”.

Añadió que se han hecho importantes decomisos en el país, porque se han detenido a capos de la droga, se han instrumentado operativos, y que en la actualidad México ocupa los primeros lugares en decomiso de droga, en armas, de dinero y en extradiciones de delincuentes.

Puntualizó que en materia legislativa, hay importantes esfuerzos, y en ese sentido se tiene una Reforma Constitucional quecontempla avances importantes en la materia.

Miguel Marón Manzur, presidente de CANACINTRA dijo que la inseguridad es uno de los más grandes problemas que ha enfrentado el país en los últimos 15 años, ya que afecta a la planta productiva y a la sociedad.

“Si la inseguridad es agobiante y nociva para la sociedad, la impunidad lo es mayor; la poca efectividad en nuestro sistema de seguridad para consignar y castigar a los delincuentes ha generado un ambiente de impunidad”.

Puntualizó que las empresas incrementan sus costos en 5 por ciento en consecuencia de la misma inseguridad. Agregó que se deben crear y ampliar los espacios y mecanismos para que la sociedad contribuya en el diseño de políticas públicas de seguridad.

Expresó que es necesario promover una campaña educativa en seguridad ciudadana y contar con cuerpos policiacos honestos, mejor preparados, con capacidad de realizar labores de inteligencia que hagan eficiente la captura de los criminales.

“Unamos fuerzas a favor de la certidumbre, la certeza jurídica, la correcta y oportuna administración y aplicación de la justicia y por un entorno seguro para producir artículos, generar empleos y abatir los índices de inseguridad en el país”, enfatizó.

Marco Tulio López Escamilla, coordinador general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, manifestó que el reto más grande del país es recuperar la seguridad como requisito indispensable para la convivencia armónica.

Pidió generar una corriente de repudio social contra la delincuencia, ya que no se puede seguir haciendo como que no ve. “Hay que provocar un rechazo social a los bienes que provienen de la misma”.

El director general de Amparo de la Procuraduría General de la República, Bernardo Espino del Castillo expresó que actualmente ya no hay cárteles de distribución de tráfico, de consumo, sino que el gran problema al cual se enfrenta no es el de narcotráfico a gran escala, sino el hormiga llamado narcomenudeo.

Luis Muñoz Ángeles, director general de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública indicó que se busca impulsar a fondo la integralidad de las acciones de prevención y la participación ciudadana.

El presidente Nacional del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública A.C, Ángel Corona Rodríguez dijo que los recursos para la prevención del delito son mínimos, y que lo que se pide es que aquellos delincuentes que cometen algún delito sean detenidos o consignados, pues las cifras dicen que de cien personas que realizan un delito ytres llegan a ser sentenciados.

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