• Sólo diez estados han ratificado despenalización de calumnia y difamación: Dip. Gerardo Priego
• Elevar a rango constitucional el combate a crímenes contra periodistas: Juan Francisco Ealy Ortiz

En reunión con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Diputado presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Gerardo Priego Tapia, reconoció que en México el hostigamiento a los informadores se ha vuelto costumbre.

Añadió que los asesinatos, secuestros y agresiones a periodistas son indiferentes a la sociedad, al proporcionar la complicidad de ésta.

Desde el exterior es evidente la vulnerabilidad de la libertad de expresión, del derecho a la información y de prensa en nuestro país y desafortunadamente, “la concientización no se refleja dentro de la sociedad mexicana ni en la voluntad de la toma de decisiones gubernamentales en los tres órdenes de gobierno”, advirtió.

Subrayó que el tema del hostigamiento, de las agresiones a periodistas y medios de comunicación no está dentro de la agenda nacional.

Celebró la preocupación y el llamado de atención de los medios nacionales y extranjeros para que los órganos del Estado promuevan iniciativas que generen un contexto de mayor seguridad en el ejercicio periodístico.

Afirmó que hay reticencia en los estados para modernizar suslegislaciones en asuntos que tienen que ver con el fortalecimiento de las garantías para el ejercicio informativo.

Calificó como “vergonzoso” no sólo dejar de discutir estos temas, sino mantener la actitud de cinismo. Citó como ejemplo la despenalización de los delitos de difamación y calumnia, misma que ha sido avalada únicamente por 10 estados a pesar de que fue aprobada por la Cámara de Diputados desde hace más de un año.

“Algunos de los medios de los estados han sufrido de forma permanente la bota de los gobernadores o de los tomadores de decisiones gubernamentales, quienes amenazan con cárcel a los informadores cada vez que no les gusta algo de lo que libremente publican”.

Sostuvo que hay más gobernantes que no sólo no promueven la libertad de expresión sino que la reprimen al igual que la delincuencia organizada. “En estados como Sonora, Sinaloa, Michoacán, Quintana Roo, los medios de comunicación sufren la represión gubernamental y delictiva; operativos policiacos, amenazas de granadas y cabezas humanas en las puertas de los periódicos se han vuelto acontecimientos comunes”.

Recordó que se encuentra en discusión la Reforma Electoral, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde está en suspenso el derecho o no de la libertad de expresión, además de la Ley de Radio y Televisión.

A su vez, el presidente de la Comisión de Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa, Juan Francisco Ealy Ortiz, pidió que el Estado garantice una prensa libre y sin ataduras.

“Tenemos la confianza de que este Congreso pueda crear un marco legal adecuado para combatir la impunidad como se ha venido solicitando desde hace una década. Así lo reafirmamos en nuestra pasada conferencia en Hermosillo, al decir que la impunidad en los crímenes contra periodistas es el mayor aliciente para que estos atentados se repitan”.

Abundó que este reclamo comprende con toda firmeza a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a fin de que sumen sus capacidades para crear mayores garantías a favor de la libertad de expresión, por lo que dijo, es necesario elevar a rango constitucional el combate a los crímenes contra periodistas.

De igual forma, abundó, deben establecer la no prescripción de los mismos, por considerarlos altamente lesivos contra los derechos humanos esenciales, no solamente del trabajador de la prensa afectado sino de la comunidad a la que sirve.

Gonzalo Marroquín, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa hizo un llamado al Gobierno Federal para asegurar el libre ejercicio del periodismo, “estamos ante un Estado que no ha podido garantizar, hasta hoy, el libre ejercicio de periodismo y, por lo tanto, el derecho que tiene la población a recibir información”.

Dijo que cuando se asesina a un periodista, la sociedad debe recordar que más que una violación al derecho mismo a la vida, estamos también ante un crimen con el cual se pretende callar a la prensa.

En la reunión participaron representantes de medios nacionales y estatales, además de algunos otros internacionales quienes hicieron patente su llamado a los diputados para adecuar el marco legal a fin de garantizar la libertad del ejercicio periodístico.

-- ooOoo --