·Es una broma de mal gusto que se impongan sentencias de 300 años, afirmó el diputado

·La piedra angular del sistema de justicia penal es la presunción de inocencia

·La oralidad en los procesos genera rapidez y quita opacidad

El diputado César Camacho Quiroz (PRI), presidente de la Comisión de Justicia, señaló que en México de los 210 mil presos que hay, 90 mil están de manera preventiva, es decir más del 40 por ciento, por lo que se ha generado sobrepoblación penitenciaria.

Durante su conferencia magistral, Análisis de las reformas al sistema de justicia penal, indicó que a este tipo de presos preventivos “se les arruina la vida, a ellos, a su familia y a la sociedad y algo que es muy triste es que el que no era delincuente es altamente probable de que cuando salga de ahí esté anclado a una red de quienes sí lo son”.

En el marco del Congreso Internacional: El sistema de justicia penal y prevención social del delito, celebrado en las instalaiones de la CANACINTRA, precisó que durante muchos años se supuso equivocadamente que penalizando nuevas conductas o elevando las penas se iba a disuadir la delincuencia y la demostración es que no es cierto.

Añadió que lo que se tiene es una expresión tragicómica, pues hoy hay sentencias de 300 años. “Dígame, si es serio o es una broma de mal gusto de que a alguien le impongan una pena privativa de libertad de 350 años”.

Camacho Quiroz manifestó que en el país todo se quiere arreglar metiendo a la gente a la cárcel, cuando hay muchas formas de conseguir la reversión de un daño o el pago de un perjuicio padecido.

“Lo que ha ocurrido es que la autoridad no tienen la ponderación suficiente para ver a qué conductas o a qué expresiones que amenazan le dan la importancia que debe; lo meten todo a la misma bolsa, por eso es más fácil a la policía investigar delitos sencillos y acusar a la gente pobre”.

Enfatizó que la piedra angular de todo el sistema de justicia penal es la presunción de inocencia. Añadió que la sociedad mexicana está tan sensible que si se hubiera llevado al extremo este principio en cualquier investigación o delito, el investigado podría vivir el proceso desde la libertad.

El diputado del PRI detalló que lo que se hizo fue definir un catálogo de delitos en cuyo caso oficiosamente el juez va a llevar a cabo la investigación con la persona detenida, como el homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, crimen organizado, delitos cometidos con medios violentos y en donde el juez considere que la persona no puede vivir el proceso desde la libertad por un proceso anterior.

Manifestó que la introducción de la oralidad en los procesos no es la solución, pero sí es un instrumento y un vehículo para mejorar la investigación, generar rapidez, fluidez y transparencia, ya que se quita opacidad.

Resaltó que se requieren de defensas públicas bien preparadas y mejor pagadas, ya que hoy las condiciones de los defensores son deplorables, por lo que la reforma incluye que ningún defensor público puede percibir menos que el Ministerio Público.

César Camacho destacó que otro beneficio es que ahora la Secretaría de Seguridad Publica y la Procuraduría General de la República serán responsables de combatir el crimen organizado, al considerarlo delito de competencia federal.

Puntualizó que un término que ha acusado impresión es el arraigo, pues en él se detiene para investigar y no tiene carácter garantista, pero es una figura que la necesidad obliga a introducir y ya está en vigor desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Refirió que las reformas no están en vigor al cien por ciento, como lo es el Sistema Acusatorio Oral, que entrará en vigor en un plazo de hasta de ocho años.

Finalizó que ahora el Poder Legislativo tiene que expedir leyes novedosas y autorizar dinero para el ramo; el Poder Judicial tiene que modificar su infraestructura y capacitar a todo su personal en las ramas penales y el Ejecutivo al Ministerio Público, a las policías y mejorar los centros de reclusión.

-- ooOoo --