·En el Encuentro de mujeres munícipes y municipalistas se hizo referencia al caso de Eufrosina Cruz

Durante el Encuentro de Mujeres Munícipes y Municipalistasse hizo referencia al caso de Eufrosina Cruz Mendoza, indígena de Oaxaca a la que, por usos y costumbres de su comunidad, le fueron desconocidos sus derechos de votar y ser votada. “Esa es la realidad de las mujeres mexicanas”, comentó Patricia Olamendi Torres.

La presidenta de la Asociación Proyectos Mujer (Promujer) externó un llamado al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, “por la violación tan arbitraria cometida contra Eufrosina, a quién ni siquiera se le permitió participar”.

Enfatizó que a pesar de que México ha firmado tratados en materia de derechos humanos, éstos no son tomados en cuenta al momento de legislar a favor de las mujeres.

Ahondó que en 14 estados del país la legislación penal sanciona el homicidio por infidelidad conyugal con sentencias que pueden ir de los tres días a los tres años; “es decir, la vida de las mujeres, en la mitad de la República no vale”.

Dijo que únicamente en 26 estados se reconoce el hostigamiento como delito; en siete solamente se sanciona la discriminación; 14 han establecido el delito de trata de mujeres y niñas, pero solo lo consideraron para menores de edad y todas las demás mujeres no están protegidas por la ley.

“En México se venden niñas, aquí se transforman, se cambian, se intercambia, pero sólo 14 estados lo reconocen; 8 estados sancionan la incitación a la prostitución; en 11 entidades todavía se penaliza el adulterio cuando se dé en el domicilio conyugal o con escándalos”, subrayó.

Ante esta situación continuó, tenemos que trabajar para lograr la igualdad, sin duda alguna debemos cambiar las leyes, etiquetar presupuesto orientados a acciones en pro de las mujeres, exigir respeto a nuestra dignidad e integridad, demandar el reconocimiento a nuestro derecho de ser considerados seres humanos e insistir en la participación igualitaria.

En tanto, la diputada Martha Angélica Tagle Martínez (Convergencia) “las mujeres ganamos espacios a costa, muchas veces, de una violencia física, emocional, sicológica e institucional, que se ve traducida en discriminación, exclusión y otras cuestiones”, afirmó.

Agregó que la participación pública se logró sin dejar las responsabilidades del hogar. “Conseguimos el derecho a incorporarnos al trabajo a cambio de la desigualdad salarial; aunque desempeñemos el mismo trabajo, ganamos menos que los hombres”, dijo.

Aseguró que los logros alcanzados durante la segunda mitad del siglo XX, como el derecho al voto, al trabajo remunerado; a la seguridad social; a la educación y a la propiedad de la tierra, no se han traducido en mejores condiciones de vida para las mujeres.

En su turno, Nancy Bernal Zetina, subdirectora de estudios Municipales y Convenios del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), subrayó que la incorporación de las mujeres en el ámbito de la política y la toma de decisiones en este nivel de gobierno ha avanzado lentamente y es escasa.

Por su parte, la diputada Nelly Asunción Hurtado Pérez (PAN) expresó que no es posible entender los preceptos del Estado democrático sin la participación femenina en la toma de decisiones y sin en el reconocimiento de su libertad para decidir, actuar y pensar en la construcción del bien común y el desarrollo nacional.

La intervención de las mujeres en la vida pública se traduce no sólo beneficios políticos y sociales para ellas, sino en instituciones consolidadas, mayores niveles de gobernabilidad y sociedades más inclusivas.

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