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Ampliar de ocho a nueve años mandato del Auditor Superior de la Federación propone iniciativa·Podría discutirse en la presente LegislaturaLa Comisión de Puntos Constitucionales analiza una iniciativa presentada por el Comité de Competitividad a través de la cual se reforma el artículo 79 de la Carta Magna para ampliar de ocho a nueve años el mandato del Auditor Superior de la Federación, sin derecho a reelegirse. Al respecto, los diputados Mariano González Zarur, del PRI, y Eduardo de la Torre Jaramillo (PAN) coincidieron que la ampliación permitiría a la presente Legislatura contar con un año para discutir el perfil del nuevo titular y preparar los procedimientos de convocatoria pública, análisis de los candidatos y la elección correspondiente.Eduardo de la Torre consideró que un término de nueve años para el cargo del Auditor Superior, sin derecho a reelección, es suficiente para planear y llevar a la práctica la fiscalización de los entes del Estado federal y los recursos que se trasladan a nivel local, además de que le sería factible revisar los seis años de una administración pública y tres años de otra. Recordó que la ley vigente establece un término de ocho años para el cargo del Auditor Superior de la Federación y en este sentido, Arturo González de Aragón concluye el próximo 1º de enero de 2009, tras haber sido elegido por la Cámara de Diputados en diciembre de 2000.Precisó que otra de las intenciones de la reforma es evitar que el nombramiento del nuevo auditor coincida con la renovación del Poder Ejecutivo en un futuro y del Legislativo en el corto plazo. La iniciativa, presentada en la Comisión Permanente y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, propone también otorgar mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para tener acceso a la información pública gubernamental a fin de revisar directamente cualquier denuncia en contra de un ente de gobierno del que se presuman irregularidades financieras.Esto, dijo el diputado Mariano González Zarur, fijaría un mecanismo fundamental para evitar actos de corrupción o ilegalidad que dañan seriamente a la sociedad, los cuales conllevan a la impunidad gubernamental. Actualmente, aseguró, la fiscalización en nuestro país enfrenta grandes obstáculos, entre ellos las actitudes de oposición y cuestionamiento de los poderes Ejecutivo y Judicial, dificultando el desarrollo de la revisión de la Cuenta Pública. Citó como ejemplos las controversias constitucionales presentadas por el Consejo de la Judicatura Federal y el Poder Ejecutivo en contra de la Auditoría Superior de la Federación, al considerar que no cuenta con facultades suficientes para revisar sus cuentas, así como las de organismos autónomos, entre otros, el IFE y la Suprema Corte. Por otra parte, concluyó, la propuesta de reforma al artículo 79 de la Constitución plantea que la ASF inicie la revisión de la Cuenta Pública a partir del 15 de enero del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal correspondiente, con base en un programa de auditorías, visitas e inspecciones preliminares y anticipar la entrega del informe del resultado al 30 de octubre. -- ooOoo --