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·Debe ser asunto de seguridad nacional

·Impulsa diputado Alejandro Martínez una iniciativa al respecto

En México anualmente se deforesta más de medio millón de hectáreas de superficie selvática y boscosa; de mantenerse ese rango, para el 2010 se habrá perdido cerca del 83 por ciento de la vegetación, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Ante ello, la Comisión de Desarrollo Rural analiza una iniciativa para que en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se reconozca a la producción forestal como asunto de seguridad nacional y, en consecuencia, se otorgue el carácter de artículos estratégicos a las materias primas derivadas de esa actividad.

La iniciativa, impulsada por el diputado Alejandro Martínez Hernández (PRD), puntualiza que México ocupa el tercer lugar en deforestación en América Latina. De ahí que se requiera garantizar un suministro sustentable de los bosques y selvas, a fin de satisfacer la demanda sin poner en riesgo el abasto de las futuras generaciones.

En el documento se argumenta que la deforestación y el deterioro de los recursos han causado una significativa disminución en los caudales de agua, el aumento en la contaminación del aire, la pérdida del hábitat de la biodiversidad, un mayor índice de erosión y degradación de los suelos.

Precisa que tal deterioro avanza a ritmos alarmantes y se origina por el cambio de uso del suelo, la tala clandestina, la práctica indiscriminada de los desmontes, incendios naturales o provocados y mayor número de plagas enfermedades en los bosques.

En ese sentido, considera que la política implementada ha sido poco consistente para contrarrestar el ritmo de deterioro forestal y detalla que los ordenamientos jurídicos vigentes y los cambios hechos a la administración pública en los últimos años no han dado resultados positivos.

Recalca que lo más grave es la imposibilidad para regular e impedir la creciente expansión de la mancha urbana y suburbana en todo el territorio nacional.

En el aspecto económico, la producción forestal ha perdido importancia en términos de su valor agregado, del número de empleos y de las condiciones de vida de los habitantes regionales; claro ejemplo son las comunidades indígenas, que están consideradas de las más pobres y marginadas del país.

Un balance del último periodo de gobierno muestra que las prioridades de la política forestal han sido equivocadas al dirigir el 60 por ciento de los recursos destinados al sector a programas como el de reforestación (Pronare) que ha arrojado bajos índices de sobrevivencia de los árboles plantados.

Enfatiza que el combate a incendios también ha dado pobres resultados y añade que el Programa para el Establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan), en los 10 años que tiene establecido no ha logrado convertir a México en una potencia, tal como se contempló originalmente.

Mientras tanto, plantea, la promoción del manejo forestal sustentable y el apoyo a las comunidades campesinas y ejidos (dueños del 80 por ciento de los bosques) a través del Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) han recibido menos del 20 por ciento de estos recursos.

Para revertir tal situación, es necesario adoptar un modelo alternativo de desarrollo forestal sustentable, con una visión de mediano y largo plazo, apoyado en una estrategia de producción, protección y fomento de los recursos mediante un manejo comunitario, cuyo eje fundamental sea la gestión social a partir de los intereses y las propuestas de los dueños de las tierras.

Agrega que la propuesta de política forestal de Estado debe contemplar, además, la participación amplia, plural e incluyente de productores, industriales, académicos, investigadores, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.

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