·Advierte la necesidad de un viraje

·“Evidentemente ésta no es la guerra”

La comisión de Seguridad Pública analiza un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a que informe sobre la estrategia y metodología de las instituciones involucradas en el combate a la producción y distribución ilegal de drogas.

El punto presentado por el diputado Armando Barreiro Pérez (PRD), afirmaque en la práctica, al Poder Legislativo y a la sociedad se les niega su derecho a conocer el desempeño gubernamental porque el Gobierno Federal no ha dicho cuáles son los indicadores, verificables, que usa para saber si avanza, se estanca o retrocede en esa tarea.

“Es una exigencia social conocer el método de evaluación que se usa, de modo que se puedan calificar los triunfos y derrotas parciales dentro de objetivos claramente establecidos; la magnitud comparativa y el significado de aprehensiones, decomisos de drogas y armas; el resultado de los operativos disuasivos realizados y el impacto de otro tipo de logros y esfuerzos”, especifica el punto de acuerdo.

Indica que la función legislativa no puede ejercer plenamente su capacidad escrutadora porque desconoce la dimensión y temporalidad de los compromisos en metas del Gobierno Federal en esa materia, lo que exhibe una carencia de definiciones tácticas y estratégicas ineludibles que pretende soslayarse mediante campañas de prensa y movilizaciones espectaculares de militares y policías.

Puntualiza que a partir de 2007 se han decomisado drogas y precursores químicos para su elaboración por un valor de 909 millones de dólares; 13 mil 500 armas, 900 granadas de fragmentación y un millón 500 mil municiones; siete mil 402 vehículos y 263 aeronaves; en efectivo se han incautado 260 millones de dólares y 91 millones de pesos.

Sin embargo, agrega, el crimen organizado vinculado al narcotráfico no se muestra significativamente maltrecho; según el Informe Mundial Sobre las Drogas 2008 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, en México se cultivan 7 mil 400 toneladas de mariguana en 36 mil hectáreas, el 7 por ciento de la superficie cultivada en el resto del mundo, alcanzando rendimientos de 2.5 toneladas por hectárea cuando el promedio externo es de apenas 770 kilogramos, lo que le da el primer lugar mundial como productor con una quinta parte del volumen total.

El legislador, indica que según la tendencia se incrementa el número y la dimensión de los decomisos de drogas, dinero y armamento y aumentan las detenciones pero, junto a esto y a pesar de que las fuerzas del orden público ocupan más ciudades y regiones en el país, la actividad delictiva no decae.

Es urgente, menciona, un viraje que reconozca la importancia de desmontar la estructura en que opera el crimen, sin descuidar el acoso a sus operadores, y hacer un gran esfuerzo preventivo y multisectorial que impida la expansión de su mercado.

Añade que esta reorientación debe atender los principales rubros nacionales e internacionales del conflicto: eslabonamiento sistémico producción-tránsito-consumo, homologación jurídica, coordinación operativa, precursores químicos, flujos financieros, tráfico de armamento y de personas y tecnología y equipo.

Reconoce que en el enfrentamiento entre la ley y el crimen organizado, el compromiso de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales ha quedado manifiesto en la lealtad con que han caído en cumplimiento de su deber cientos de sus miembros.

Sin embargo, considera, lo hecho hasta ahora no parece suficiente, ni por su dimensión, pero sobre todo por su orientación; el tema es ya de tal gravedad que rebasa la esfera de lo delictivo para permear la vida política, eventualmente hasta cuestionar la viabilidad de una convivencia basada en la supremacía de la ley.

Precisa que al afirmar que la persecución del narcotráfico es una guerra, el titular del Ejecutivo Federal incurre en un grave equívoco, ya que se minimiza el compromiso del Estado con la salvaguarda de las garantías individuales, lo que en toda guerra es de las primeras pérdidas que padece la población.

“Evidentemente ésta no es una guerra, es el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar el imperio de la ley”.

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