·Sin este elemento se corre el riesgo de legislar sólo utopías

·Muchas leyes aprobadas no se pueden aplicar porque no existen los recursos; se quedan en el papel

El diputado Benjamín González Roaro, presidente de la Comisión de la Función Pública, dijo que para evitar la inviabilidad de las reformas jurídicas es indispensable agregar el impacto presupuestal de las iniciativas de ley, porque de lo contrario se corre el riesgo de legislar utopías.

Indicó que muchas veces las leyes persiguen objetivos que son perfectamente legítimos, pero que hay casos que se convierten en utopías dado que no se pueden “aterrizar” debido a que no hay recursos para implementarlos.

Al clausurar el curso “Impacto presupuestario de cambios al marco jurídico”, el legisladorsubrayó que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece la obligación de presentar el impacto presupuestal de una iniciativa para saber si es viable yobtener los recursos que la propia ley pueda implicar, sin embargo,esa disposición no se pone en práctica, advirtió.

Destacó laimportancia de contar con metodologías para determinar cuál es el impacto presupuestal de las leyes y de dónde se van a obtener los recursos. “La responsabilidad es hacer una correcta distribución de los recursos para que se puedan materializar los programas y los objetivos que se buscan en las leyes”.

Advirtió que las consecuencias de que una ley sea inviable es que se quede en el papel, es decir que no se cumpla, y que el contexto de legalidad que necesita tener el país sea incompleto y que el marco legal no sea perfecto. “Nos resta legitimidad a todos; quedamos mal con la sociedad”, aseveró.

González Roaro mencionó que muchas leyes aprobadas en el pasado, e incluso recientemente no se pueden aplicar porque no existen los recursos para hacerlo.

El diputado refirió que hace cuatro o cinco años se llevó a la Constitución la obligación de que la educación preescolar fuera obligatoria y que se pudiera extender de manera universal en este ciclo 2009-2010. Sin embargo, manifestó, es una realidad que ni el gobierno Federal, ni los gobiernos estatales tienen los recursos en este momento para lograr la universalización de este nivel escolar.

Dijo que si desde aquel momento se hubiese acompañadoesa iniciativa con un estudio de un impacto presupuestal, desde luego que la propuesta habría abarcado una temporalidad más amplia porque se conocería la insuficiencia de recursos que implicaba esta legislación.

En tanto, José Castelazo, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP),señaló que la legalidad es la única que permite actuar en la función pública.

-- ooOoo --