·La diputada Silvia Oliva Fragoso, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados plantea la modificación del sistema penal en donde predomine la eficiencia con respeto irrestricto de los derechos humanos

·Es necesario revertir la crisis de seguridad pública, que ha obligado a modificar el estilo y calidad de vida de los habitantes, al reducir la convivencia en espacios públicos, advierte

Ante la demanda más sensible que vive actualmente el país, la relación de la ciudadanía con la seguridad pública y la delincuencia urbana, la diputada Silvia Oliva Fragoso plantea la necesidad de reestructurar la relación entre los cuerpos policiales que tengan como objetivo la eficiencia con una dimensión ética y de respeto irrestricto a los derechos humanos de cada uno de los individuos.

Integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Oliva Fragoso consideró necesario la conjunción de estas dos características, ante el fenómeno delincuencial que se ha registrado en las últimas décadas, y que ha modificado la calidad y el estilo de vida de los habitantes en varias ciudades, obligándolos a reducir sus actividades en espacios públicos, o a restringirlas totalmente en horarios nocturnos por temor, por un lado a la delincuencia, y por otro a los elementos policiales.

Actualmente existen unas mil 661 corporaciones policiales en todo el país, dos de ellas federales (PFP y AFI), además de una corporación por cada entidad federativa y otra más en cada uno de los dos mil municipios del país. Por ello, la legisladora consideró necesario replantear su estructura, ya que una de las consecuencias de esta diversidad es la falta de coordinación y/o la duplicidad de funciones.

La situación de la seguridad pública es uno de los temas que se habrán de discutir en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. Durante la presente legislatura, se ha presentado una treintena de iniciativas, de las cuales solamente 5 han sido aprobadas y dos desechadas. Las demás se encuentran pendientes de dictaminación, resumió Silvia Oliva.

Una iniciativa, planteada por el Grupo Parlamentario del PRD el 4 de octubre de 2007 y aprobada por el Pleno, establece una reforma integral para combatir de manera eficaz la delincuencia organizada y modificar, de manera sustancial, el sistema penal con respeto irrestricto a los derechos humanos. Mediante esta reforma, se modificaron los artículos 21, 73, y 115 constitucionales.

Con ello, los habitantes cuentan con los elementos para involucrarse en la problemática, al poder exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones; por otro lado, el Congreso podrá establecer las nuevas directrices con las cuales funcione el sistema nacional de seguridad pública y evaluar su cumplimiento, no solamente la aplicación de los recursos. Es decir, una evaluación cualitativa, más que cuantitativa. Además, los agentes policiales pueden realizar sus funciones de prevención del delito sometidos a un proceso de certificación, cuyas directrices estarán establecidas en las leyes federales, aunque se encuentra pendiente que los estados las incorporen en las legislaciones locales.

Actualmente, la legislación en el Distrito Federal menciona como autoridades de coordinación a “la Procuraduría General de Justicia y al Departamento del Distrito Federal”, pero no menciona su estructura, indicó la diputada. Coincidió con el ombudsman local, Emilio Álvarez Icaza, al señalar que otra parte que es necesario revisar es el trato que reciben los policías, ya sea por parte de la ciudadanía, que los ofende constantemente, hasta de los propios jefes policiales y sus condiciones de trabajo, en donde la inequidad en los salarios es una característica.

Oliva Fragoso indicó que esta visión es necesaria, a fin de evitar excesos como el registrado en la ciudad de León, Guanajuato, en donde fue público que elementos del Grupo Especial Táctico emplearon tácticas de tortura en contra de sus compañeros como parte de su “entrenamiento”. “La tortura y este tipo de excesos en el entrenamiento es inadmisible en una sociedad que pretende lograr una mejor relación con sus policías, y es, a todas luces, una violación a los más derechos humanos más básicos, como es la dignidad de las personas”, aseguró.

“La ciudadanía necesita una policía eficiente, que tenga una efectiva coordinación operativa táctica, que no se obstaculice entre sí al bloquear información; que combine el combate a la delincuencia con técnicas de inteligencia, cumpliendo así con una de sus principales misiones, que es la prevención del delito, pero a la vez que respete los derechos humanos”, concluyó.

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