·Esta cifra representa cuatro veces los ingresos por exportar petróleo

·27 mil MDP por sobornos de particulares a servidores públicos.

La corrupción de servidores públicos representa para el país un costo de 60 mil millones de dólares anuales, es decir, cuatro veces los ingresos por exportaciones petroleras y nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo a cifras del Banco Mundial.

Así lo señaló el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla (PRD), al proponer ampliar lassanciones a quienes incumplan la obligación de presentar su declaración patrimonial.

Advirtió que de 2005 a 2007 aumentaron en 82 millones los actos de corrupción en el uso de servicios públicos a nivel federal, estatal y municipal, así como en concesiones y servicios provistos por particulares, al pasar de 115 millones a 197 millones, según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno.

Agregó que en 2007 los hogares mexicanos pagaron más de 27 mil millones de pesos por sobornos a servicios públicos, lo que representó un ocho por ciento de su ingreso.

Señaló que los actos irregulares conocidos como mordidas en 2007 costaron a los hogares mexicanos un promedio de 138 pesos, mientras que en 2005 fue de 177 pesos.

Mediante una iniciativa de reformas a los artículos 13 y 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, propuso aumentar a dos años el plazo mínimo de inhabilitación por actos u omisiones que impliquen un beneficio o lucro al servidor público, o cause daños o perjuicios, por un monto no mayor a 200 salarios mínimos vigentes en el D.F.

Por lo que hace al artículo 37 planteó ampliar a 30 días naturales la suspensión por incumplimiento de la presentación de la declaración inicial sin causa justificada e inhabilitación de uno a dos años por no presentar la declaración patrimonial de conclusión.

Por faltar a la verdad en la declaración de situación patrimonial, la iniciativa establece la suspensión del servidor público por un periodo no menor de seis meses ni mayor a un año y, cuando su importancia lo amerite, sea destituido e inhabilitado de dos a cinco años.

Dijo que el objetivo de la iniciativa, que es analizada en la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, es que la declaración patrimonial funcione como un eficiente y eficaz mecanismo para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

Señaló que la corrupción genera pérdida de credibilidad en el Estado, el gobierno y en la administración pública, inhibe la participación ciudadana en los asuntos públicos, induce la ilegitimidad e inadecuada asignación de recursos del Estado, así como la apropiación de los mismos por grupos económicos y políticos con altos costos para la sociedad.

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