·Al concluir una administración gubernamental es común el desvío de propiedades, dijo

·La Auditoría Superior incrementó revisiones a entes gubernamentales

En los últimos seis años y medio, la Auditoría Superior de la Federación logró la recuperación de 30 mil 371 millones de pesos, derivados de las irregularidades detectadas en el sector gubernamental, destacó el diputado Gerardo Sosa Castelán (PRI), secretario de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

En entrevista mencionó que en un informe del Auditor Superior, Arturo González de Aragón, se señala que dichos recursos fueron regresados al erario público.

Añadió que la mayor opacidad y falta de transparencia se detecta en la contabilidad gubernamental, donde persiste la falta de registro y control del patrimonio público por lo que se pierden diariamente importantes cantidades.

Dijo que la corrupción de funcionarios en los tres niveles de gobierno, así como la falta de control de los bienes, ha provocado que al término de cada administración se desvíen sumas cuantiosas.

Sosa Castelán refirió que la ASF ha detectado que al concluir una administración gubernamental, se practica de forma común el desvío de propiedades y de inmuebles. “desaparecen archivos, computadoras, vehículos, obras de arte, muebles y otros tantos bienes propiedad de la nación”.

Recordó que derivado de ello, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 73 de la Constitución, la cual faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de contabilidad patrimonial y obliga a todos los niveles de gobierno a incorporar este tipo de registro contable.

El diputado del PRI añadió que para abatir la opacidad y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación ha incrementado las revisiones, al pasar de 312 en la Cuenta Pública de 2000 a 933 para la de 2007.

Además, se efectúan múltiples análisis a las operaciones del rescate bancario, no obstante que la Suprema Corte de Justicia limitó las auditorías, con lo que se evita recuperar importantes recursos por operaciones irregulares.

“También se logró que las universidades públicas rindieran cuentas sobre los recursos públicos federales y se llevan a cabo revisiones a programas del gobierno para el combate a la pobreza, a Pemex, a educación, a la CFE y a carreteras”, concluyó.

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