·En 2007 se registraron 785 secuestros en todo el país

·Sólo uno de cada ocho de estos delitos se denuncia

·En la actual administración se han perpetrado más de 5 mil homicidios; 500 de ellos policías, militares y servidores públicos

·Crear base de datos de elementos dados de baja y un padrón nacional de celulares: Dip. De la Torre Jaramillo

·El secuestro, más rediatuable que el robo de autos

La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, destacó que datos oficiales señalan que cerca demedio millón de personas en nuestro país están vinculadas a las actividades del narcotráfico y el secuestro.

Esto, dijo, da una idea del grado de infiltración que han alcanzado las instituciones del Estado mexicano y por tanto del nivel de corrupción e impunidad.

Añadió que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, en 2007 se registraron oficialmente 785 secuestros en todo el país, sin embargo, “por cada uno denunciado hay ocho que no lo son. De manera que la cifra real es mucho mayor”.

Abundó que en la actual administración federal se han perpetrado más de cinco mil homicidios relacionados con el crimen organizado y el diez por ciento de éstos han tenido como víctimas a policías, militares y servidores públicos, una cifra sin precedente en la historia de México.

Mencionó que incluso la Organización de las Naciones Unidas ubica a México en el sexto lugar mundial, en lo relativo a delincuencia organizada, con más de 50 por ciento de los municipios del país capturados o feudalizados por las organizaciones del narcotráfico.

Por lo anterior propuso que la medida más eficazpara reducir la corrupción, es la depuración total de las policías municipales, estatales y federales.

Concluyó que todos los actores sociales, políticos y económicos, deben asumir con transparencia y decisión el combate a la inseguridad y al crimen organizado.

Por lo que respecta al Legislativo, dijo, nos comprometemos a darle prioridad a las reformas de leyes secundarias complementarias de la reforma de justicia penal, asimismo legislar inmediatamente las reformas de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, la Ley General del Delito y Secuestro y la Ley General de Prevención Social del Delito.

Al respecto, el diputado de Acción Nacional, Eduardo de la Torre Jaramillo, integrante de la Comisión de Defensa Nacional y de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, coincidió con la diputada presidenta, y añadió que se debe crear una base de datos de elementos cesados de las corporaciones policiacas.

Ello, dijo, porque muchos de los que son dados de baja, pasan a las filas del crimen organizado y crean una especie de grupos parapoliciacos que salvaguardan sus intereses.

Aseveró que la responsabilidad debe ser compartida tanto por gobernadores, alcaldes y el gobierno federal a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Otro aspecto importante, dijo, es llevar a cabo un padrón de teléfonos celulares porque a través de éstos se cometen delitos como los secuestros psicológicos y las extorsiones.

Mencionó que de acuerdo con un análisis sobre el crimen organizado en México, cuando el gobierno de Felipe Calderón extraditó a líderes del narcotráfico, se dio un proceso de desestructuración de los cárteles.

Explicó que las células más bajas, al afrontar mayores problemas para traficar con la droga y por el sellamiento de la frontera norte, se dedicaron al secuestro, al tráfico de mujeres y de migrantes, así como al tráfico de órganos como única fuente de financiamiento.

Aseguró que hoy, el secuestro es más rentable que el robo de vehículos y prueba de ello es que se dan secuestros express hasta por cinco o 10 mil pesos. “Las víctimas ya no son únicamente grandes personalidades o personas adineradas, ahora lo sufren las clases medias y bajas”.

Sostuvo que el crimen organizado ha operado de dos formas distintas. Primero copió el modelo colombiano de los años 90, cuando comenzó con el asesinato de periodistas, de jueces y jefes policiacos y aunado al anterior, ha creado un modelo nuevo basado en el secuestro y el terror psicológico.

Refirió que en Colombia se redujo el delito cuando se introdujeron medidas financieras para acotar al crimen organizado. “Estas mismas medidas tienen que caminar en el Congreso mexicano para el próximo periodo. Impulsar reformas financieras para asfixiar a la delincuencia y desincentivar esta industria”.

Concluyó que la lucha contra el crimen organizado será larga, “al menos, durará los cuatro años de gobierno que restan al Presidente Felipe Calderón”.

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