·Aprobar reformas secundarias en materia penal, prioritario, consideró la diputada

Ante el grave problema de impunidad y corrupción es indispensable no perder más tiempo en cuestiones políticas y aprobar las reformas a las leyes secundarias en materia de justicia penal, afirmó la diputada Omeheira López Reyna, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Señaló que la situación de inseguridad que vive el país requiere la participación de ciudadanos, autoridades e instituciones. “No podemos tomar este tema con una bandera política; es responsabilidad de todos”, afirmó.

Propuso aplicar un sistema de fiscalización para abatir la corrupción y la impunidad, “pues si se busca la confianza y credibilidad de la ciudadanía en las instituciones, es necesario calificar los resultados de sus funcionarios públicos.

El Congreso debe evaluar el presupuesto que se da a los estados y aumentar los recursos a las entidades y municipios con mejores resultados en materia de seguridad”, opinó.

La legisladora del PAN por Tamaulipas dijo que sí es necesaria la cadena perpetua para los secuestradores, pero “debe aplicarse en un sistema de justicia que realmente castigue y sea más efectivo, con jueces capacitados y ministerios públicos que hagan las investigaciones”.

Respecto a la pena de muerte consideró que “mientras el sistema de justicia sea tan deficiente y haya en cárceles inocentes, no podemos incorporar la pena capital; estaríamos matando a quienes muchas veces no serían los responsables; debemos modificar y cambiar nuestro sistema de justicia de raíz”.

Señaló que el sistema carcelario tiene graves deficiencias que deben corregirse, porque “actualmente los centros de readaptación son, en muchos estados, centros de capacitación para delincuentes”.

Dijo que se deben destinar recursos con visión de derechos humanos que realmente ofrezcan un cambio. “El presupuesto nacional para el tema de seguridad, muchas veces se utiliza para modificar ciertas áreas carcelarias, pero no se modifica el sistema de readaptación”, afirmó.

Impulsar la capacitación y depuración de los cuerpos policiacos como una de las grandes necesidades en el país, porque el mayor número de violaciones a derechos humanos se da en el ámbito estatal y municipal, es otra prioridad.

También destacó la necesidad de que los estados cuenten con mejores elementos de seguridad pública, hasta en los rincones y municipios más pequeños del país.

Luego advirtió: Pasar de los discursos a los hechos para hacer frente a la delincuencia y la impunidad.

“Hay municipios donde son evidentes los compromisos oscuros de algunas autoridades para colocar a mandos y jefes policiacos con antecedentes negativos, sin embargo ahí los sostienen y tiene que intervenir la federación para comprobarles que estánmezclados con la delincuencia”.

Se pronunció por fincar responsabilidad a los gobernadores, alcaldes y servidores públicos que no se comprometan a garantizar la seguridad de los ciudadanos.

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