La Procuraduría General de la República encubre a los responsables del accidente ocurrido el 23 de octubre de 2007 en la plataforma petrolera Usumacinta, donde perdieron la vida 22 trabajadores, denunció el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, vicecoordinador de Energía y Desarrollo de Convergencia.

Subrayó que al negar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el acceso a los resultados de los peritajes, la PGR no sólo entorpece las investigaciones que lleva a cabo la CNDH, sino que pretende que el desastre que tuvo lugar hace más de 10 meses en la Sonda de Campeche se sume a la larga cadena de casos de impunidad que prevalecen en el país.

Con esta actitud, aseguró Velasco Oliva, el procurador Eduardo Medina Mora hace caso omiso al exhorto de la Comisión Permanente, del 23 de julio de este año, para que colabore con la CNDH y le otorgue la información necesaria sobre los hechos ocurridos en las instalaciones de PEMEX.

Además, dijo, la PGR impide a la CNDH tener acceso a otros expedientes requeridos por la Comisión, en torno a constantes denuncias sobre posibles violaciones a los derechos humanos, a la vida, integridad personal y a la justicia de las personas que allí laboran, cometidas por las compañías contratistas de PEMEX.

En la relación de oficios girados por el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Víctor Emilio Corzo Cabañas, mediante los cuales “responde” al punto de acuerdo de la Permanente y que obran en poder del diputado Velasco, la PGRdetalló la “atención” dada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con la investigación de los hechos.

Sin embargo, la PGR argumenta en unos casos haber proporcionado a la CNDH “explicación genérica de los hechos” y “breve resumen de diligencias practicadas”, en otros “estar impedida legalmente para informar”, “no está facultada para atender su solicitud” y en otros establece la “obligación de la reserva de las actuaciones a todo servidor público responsable de la integración de la averiguación previa”

Con ello, dijo, la Procuraduría General de la República no sólo muestra poca disposición para que la verdad del accidente en la plataforma Usumacinta se conozca, sino que al evadir su responsabilidad le está dando largas a este asunto para impedir que se aplique la ley contra los responsables. A 10 meses de distancia lo lógico sería que concluyera las investigaciones y proporcionara a la CNDH la información.

Recordó que el año pasado un grupo de legisladores visitó la Sonda de Campeche, donde Pemex cuenta con más de 100 plataformas marítimas y laboran 13 mil 500 personas --de éstas 4 mil 500 contratadas directamente por la paraestatal y el resto por compañías prestadoras de servicios--, y constataron la falta de medidas de seguridad y violaciones a los derechos humanos, ante la complacencia de las autoridades gubernamentales.

Precisó que la ausencia de supervisión permite que ocurran un sinnúmero de arbitrariedades; las precarias condiciones de trabajo de los empleados son toleradas por los directivos de Pemex, a tal grado que la paraestatal no ha rescindido ningún contrato a empresas acusadas de violación de los derechos laborales.

Tampoco, dijo, la secretaría del Trabajo ha intervenido en la Sonda de Campeche donde se han contabilizado más de 5 mil conflictos laborales y las empresas contratistas con el mayor número de denuncias ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje son Protexa y Halliburton.

Ante la STPS, las empresas más denunciadas son: Perforadora de Campeche, Perforaciones Marítimas Mexicanas, Perforadora México, y las estadunidenses México Limited Drilling,Pride Central America, Nabors Perforaciones de México, Mexdrill Offshore, Noble México LImited, y Giomar.

Dejó en claro que la impunidad es el principal problema de México y que sería lamentable que a la larga lista de casos como el Pemexgate, Perforadora Central. Oceanografía y muchos más, se sumara el de la plataforma Usumacinta.

De esta manera se percibe que la impunidad no es exclusiva de las corporaciones policiacas sino que ya es práctica común en las altas instancias gubernamentales que en lugar de adoptar las medidas necesarias para combatirla la solapan, concluyó.

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