·En lo que va del año se han registrado 314 casos de secuestro

·17 mil mensajes y llamadas por celular para extorsión y secuestro

La diputada del grupo parlamentario del PRI, Guillermina López Balbuena, presentó una iniciativa encaminada a tratar de frenar la infiltración del narcotráfico en la política, además de combatir el secuestro; depurar los cuerpos policíacos; sancionar de forma más severa a los servidores públicos corruptos y castigar a los que comercialicen de forma ilegal uniformes de corporaciones y del Ejército.

La diputada priista destacó que es evidente el fracaso de las políticas públicas en materia de seguridad, toda vez que México ocupa actualmente el primer lugar en secuestros a nivel mundial, desplazando incluso a Irak.

Sólo durante el 2008, refirió, se han registrado 314 casos, según la Secretaría de Seguridad Pública, además de los 10 mil intentos de ilícitos, vía mensajes de texto por teléfono celular, y 7 mil llamadas a teléfonos móviles, en intentos de secuestro y extorsión que fueron documentados por la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes.

Su propuesta, turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictaminación, pretende reforzar las operaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y sugiere la movilización de grupos de investigadores de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Seguridad Pública en lugar de los despliegues militares.

Asimismo, añadió la legisladora, el narcotráfico ha extendido sus redes de operación y citó como ejemplo el hecho de que en los últimos meses se han incrementado las ejecuciones en contra de artistas, jefes policiacos y personajes de la política, sean federales o estatales.

“Todos sabemos que el narcotráfico no tiene preferencias partidistas y que dirige sus esfuerzos de corrupción hacia todos los partidos. A ellos no les importa el origen político de los gobernantes, sino su disposición a cooperar activamente o cerrar los ojos ante sus operaciones”.

Agregó que la ciudadanía está harta de promesas partidistas y pleitos por el poder, por lo que es evidente que “vivimos en un país con crisis social en todos los niveles”.

Recordó que recientemente los representantes de los tres Poderes de la Unión, los 31 gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, sindicatos, representantes de la Iglesia, empresarios, organismos civiles y medios de comunicación, acordaron trabajar juntos para reestructurar y reconstruir el sistema de justicia del país.

“Pero también es oportuno recordarle al presidente Calderón que su antecesor, el 1 de julio de 2004, en una forma de responder a la multitudinaria marcha contra la inseguridad, convocó a la XVI reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde se propusieron 10 acciones contra el crimen. Pero los índices criminales no han bajado, al contrario, se han incrementado”, subrayó.

La legisladora propuso diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley de Seguridad Nacional; el Código Penal Federal; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Concluyó que es necesario crear una política de Estado de procuración de justicia y prevención del delito, la cual conlleve la instrumentación de un sistema de evaluación de los sistemas de seguridad y justicia; mejorar la capacitación y las condiciones de trabajo de las policías en todo el país, así como la participación ciudadana en tareas de control.

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