• Inició un taller para revisar el tema: diputado Gerardo Priego

A fin de intercambiar puntos de vista sobre la federalización de los delitos contra periodistas y elaborar una iniciativa de ley que pueda presentarse en este Periodo Ordinario de Sesiones, la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación inició un taller de análisis sobre la materia.

El diputado Gerardo Priego Tapia (PAN), presidente de la Comisión, informó que este órgano legislativo recopiló las propuestas sobre el tema, aportadas por organizaciones civiles, dependencias federales y legisladores.

Dijo que expertos y diputados analizarán si es pertinente o no definir la actividad periodística, así como lo relativo a la federalización de los delitos contra el gremio.

En su intervención, María del Rocío Torres Contreras, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, reiteró que la impunidad representa el peligro más evidente para el libre ejercicio del periodismo. “En nuestro país prevalece un clima de riesgo para la actividad informativa”.

Al suministrar información, añadió, los periodistas otorgan poder a la sociedad; “por eso el gobierno y los poderosos tratan de obstaculizar su labor y silenciarlos. Las condiciones de inseguridad para la prensa es un tema pendiente del Estado mexicano”.

Resaltó que no se deben establecer lineamientos que limiten el ejercicio periodístico y se pronunció por la profesionalización del gremio, reconociendo a todos aquellos que aprendieron el oficio de manera autodidacta mediante un examen que acredite sus conocimientos, a fin de llegar a la colegiación de la actividad.

Torres Contreras consideró que “la Fiscalía Especial para Atender las Agresiones a Periodistas, dependencia de la PGR, no ha resuelto ni siquiera un 40 por ciento de los casos que ha recibido y la mayor parte de los expedientes han sido archivados”.

Por su parte, Fernando García Cordero, asesor jurídico de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), señaló que “toda definición de periodista o a de la actividad periodística que limite la libertad de expresión empobrece y distorsiona la legislación lesionando el ejercicio de un derecho fundamental”.

Definió al periodista como cualquier persona que hace de la comunicación su trabajo, remunerado o no, nacional o extranjera y que ejerce la libertad de expresión como oficio, labor voluntaria o profesión para informar a la sociedad sobre temas de interés común, independientemente de su escolaridad.

En este sentido, aseveró, que la definición propuesta por la Procuraduría General de la República, relacionada con el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es parcial y excluyente y no responde a la práctica periodística que muestra la realidad de México y el mundo.

“A la luz de esas definiciones no son periodistas Lydia Cacho; tampoco Brad Wiliam, documentalista, reportero y camarógrafo norteamericano asesinado en Oaxaca y mucho menos Félicitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio”, asesinadas también en esa entidad.

Cynthia Cárdenas, consultora legal de la organización Artículo 19, expresó que los ataques contra periodistas no sólo atentan contra el individuo afectado sino contra otros derechos de la sociedad; “son un intento para negar todo el acceso público a cierta información”.

Ello no significa, agregó, que tienen un derecho especial para difundir ideas e informaciones; toda persona lo tiene. Artículo 19 considera ilegítimo definir quién es periodista, ya que ello está relacionado con restringir el acceso a la profesión mediante una colegiación obligatoria o un recurso, especificó.

“Debemos ser cautelosos con aquellas disposiciones que puedan desorientar o dar la impresión de tratar a la prensa de manera distinta que al resto de los demás ciudadanos. La Constitución reconoce en el derecho a la libertad de expresión sin distinción”, subrayó.

A su vez, Ricardo Trotti, director del Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, manifestó que definir la actividad periodística es muy peligroso porque podría abrir una ventana para la discriminación de aquellas personas que trabajan para la comunicación.

“La libertad de prensa no es ningún privilegio de los periodistas, sino un atributo de la sociedad; sin ella no puede haber una sociedad informada que es fundamental para la democracia. Se debe legislar sobre los delitos contra la libertad de prensa y de expresión, que son el fundamento para este ejercicio”.

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