La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados propuso la creación de una Comisión Interinstitucional de los tres Poderes de la Unión para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado el 21 de agosto.

A través de un punto de acuerdo turnado a la Junta de Coordinación Política, los integrantes de la Mesa Directiva piden sean analizados con mayor profundidad temas de relevancia en materia de prevención y combate a la delincuencia organizada.

“El Poder Legislativo no se puede quedar con los brazos cruzados y ser simplemente espectador del acuerdo. Somos parte del compromiso adquirido por el Estado ante la sociedad y no lo podemos soslayar. Es evidente que no estamos aquí para rehuir nuestras responsabilidades”, subrayan.

Mencionan que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada ante el escenario de la inseguridad que se vive en el país y que la delincuencia es problema de tal magnitud y complejidad que su solución exige un enfoque integral.

Es imperioso reconocer que hoy más que nunca se debe considerar a la seguridad pública como una política de Estado, así como impulsar políticas públicas de prevención social del delito, que convoquen a autoridades y a la sociedad, y los una en un frente común contra la violencia y el crimen organizado, añaden.

Señalan que no se puede permitir que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se convierta en un evento más, que los puntos acordados sólo sean un catálogo de buenas intenciones y que lo escrito se quede en el papel.

Plantean analizar con mayor profundidad temas de relevancia en materia de delincuencia organizada y no organizada como: investigación y mecanismos hacendarios y jurídicos para identificar, evitar y castigar el lavado de dinero; policía nacional; prevención social del delito; despenalización y legalización del consumo de drogas "blandas" como mariguana; cooperación internacional contra el narcotráfico; ley de Sanciones Penales y ley General del Delito de Secuestro.

Firman el punto de acuerdo, los diputados César Duarte Jáquez, presidente; José Luis Espinosa Piña (PAN), Ruth Zavaleta Salgado (PRD) y Martha Hilda González Calderón (PRI), vicepresidentes.

Así como Margarita Arenas Guzmán (PAN), María Eugenia Jiménez Valenzuela (PRD), María del Carmen Pinete Vargas (PRI), José Manuel del Río Virgen (Convergencia), Manuel Portilla Diéguez (PVEM), Rosa Elia Romero Guzmán (PT), Jacinto Gómez Pasillas (Nueva Alianza) y Santiago Gustavo Pedro Cortés (Alternativa), secretarios.

Puntos de acuerdo

La diputada Sara Latife Ruiz Chávez (PRI) presentó una proposición por la que se exhorta al Ejecutivo Federal expida un nuevo decreto en materia de Impuesto General de Importación, a efecto de mantener las tasas arancelarias vigentes de cero y cinco por ciento de impuestos al comercio exterior. Se envió a la Comisión de Economía.

A la Comisión de Gobernación se mandó un punto de acuerdo del diputado Ramón Salas López (PRI), que pide al Gobierno Federal asignar recursos necesarios para atender las zonas afectadas por las lluvias en los municipios de Santiago, Allende, Linares y Monte Morelos, en Nuevo León.

De la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (PRI) se conoció una proposición por la que se solicita al titular de la Segob y a la comisionada del Instituto Nacional de Migración que los programas y proyectos que se elaboran en materia de política migratoria para la frontera sur, contengan una visión integral en materia de protección y respeto a los derechos humanos y de los migrantes. Se envióa la Comisión de Gobernación.

De la misma diputada se recibió un punto de acuerdo que pide al titular de la Secretaría de Seguridad Pública implemente programas de prevención del delito y combate a la delincuencia en los que se fomente la participación ciudadana. Fue remitido a la Comisión de Seguridad Pública.

A la Junta de Coordinación Política se canalizó una proposición del diputado César Flores Maldonado (PRD) por la que se exhorta a este órgano legislativo apresure los trámites y gestiones necesarias ante el Ejecutivo Federal,a fin de lograr la asignación de la banda de frecuencia que permita al Canal del Congreso el acceso abierto a la población.

La diputada María Soledad López Torres (PRD) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Conagua y al gobierno del estado de Guanajuato, adopten las medidas emergentes en diversos municipios afectados por las lluvias. Se envió a la Comisión de Gobernación.

Fue remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la propuesta del diputado José Rubén Escajeda Jiménez (PRI) que pide al Ejecutivo Federal implemente acciones a fin de incrementar el salario de los trabajadores.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (PRI) propuso solicitar al titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación incorpore a nueve municipios más en la declaratoria de emergencia emitida el 6 de septiembre de 2008 correspondiente al estado de Durango. La propuesta se canalizó a la Comisión de Gobernación.

Iniciativa

A la Comisión de Justicia se turnó la iniciativa de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (PRI) para reformar el artículo 171 del Código Penal Federal para que se imponga prisión de seis meses a un año, y multa hasta de doscientos pesos y suspensión o pérdida al derecho de usar la licencia de manejado a quien conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes, independientemente de la sanción que le corresponda si causa daño a personas o cosas.

Si este delito se comete por conductores de vehículos de transporte escolar o de servicio público de pasajeros se impondrá de dos a cinco años de prisión, además de las sanciones mencionadas.

Se levantó la sesión y se citó para el miércoles 17 de septiembre, a las 11:00 horas.

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