• No estoy de acuerdo con la Prórroga: Diputado Octavio Martínez Vargas

El diputado Octavio Martínez Vargas (PRD), presidente de la Comisión de Turismo, dijo que la prórroga de tres meses que decretó el Servicio de Administración Tributaria a la entrada en vigor del impuesto a los cruceros pretende favorecer a las líneas navieras. “A título personal, no estoy de acuerdo con la medida” subrayó.

Explicó que el próximo 1 de octubre entra en vigor el derecho conocido como “impuesto a los cruceros”, mediante el cual todo turista que llegue a costas mexicanas a bordo de cruceros debe pagar un derecho de 56 pesos. Esta obligación fue establecida en la Ley Federal de Derechos y debió entrar en vigor el primero de julio.

Durante una reunión de trabajo con la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo, el legislador enfatizó que “las autoridades no miden correctamente la aplicación de impuestos: con el Impuesto a los Depósitos en Efectivo no hubo prórroga, ahí dijeron entra el primero de julio y punto final, pese a que muchos organismos empresariales platearon que era inviable”.

Martínez Vargas destacó: “no vamos a desistir en que los visitantes que se internan al país a través de los cruceros paguen un derecho; queremos que estos recursos se queden en los municipios para mejorar la imagen urbana, la conservación del destino y la seguridad pública que se le oferta al turista”.

Informó que en la Comisión se encuentran iniciativas de reforma a la Ley Federal de Derechos, que aumenta de cinco a 20 dólares el impuesto y advirtió que “si las líneas navieras se empecinan en no pagar, habremos de explorar la vía de hacerlos retenedores fiscales”.

La naturaleza de la Comisión, añadió, es que en los municipios que reciben turistas vía crucero se pueda disfrutar el destino de manera completa: con espacios limpios, correcta imagen urbana, seguridad pública eficiente, señalización requerida y capacitación de los prestadores de servicios, a fin de que el visitante regrese.

Por su parte, Cecilia Romero Castillo, comisionada del Instituto Nacional de Migración, expresó que “como está el derecho no se puede instrumentar. El Ejecutivo consideró que era en perjuicio del turismo porque Migración hubiera tenido que poner un escritorio a la salida de los barcos y cobrar pasajero por pasajero; retenerlos cuatro o cinco horas de las seis que visitan el puerto”.

La razón para no cobrar este derecho es porque de la manera como está planteado “es absolutamente contraproducente; un turista que pierda esta cantidad de tiempo no regresa”, resaltó.

“Como ejecutivo federal venimos a presentar una propuesta que respeta lo que reformó el Congreso, es decir, que los municipios que reciben cruceros tengan la posibilidad de un ingreso adicional para mejorar la infraestructura y los servicios que dan a los turistas”.

En este sentido, la directora de Política de Derechos, Aprovechamientos y Productos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ingrid Gallo Montero, informó que el Ejecutivo Federal plantea reformar la Ley Federal de Derechos, a fin de que se subsane la imposibilidad de que las líneas navieras puedan cobrar el derecho y permita dotar de esos recursos a los municipios costeros y al Instituto Nacional de Migración.

Explicó que la propuesta consiste en derogar el derecho vigente que prevé el cobro de 56 pesos por otorgar la calidad migratoria de cada visitante local y el derecho por servicios migratorios extraordinarios en el que el instituto revisa la documentación de la tripulación en embarcaciones turísticas comerciales.

“Este nuevo derecho los sustituye y se plantea un cobro por persona de 25 pesos por la verificación del cumplimiento de las disipaciones en materia migratoria. Esto lo aplicarían directamente las empresas responsables de las embarcaciones turísticas comerciales que arriben a puertos del país”, añadió.

La funcionaria especificó que se propone destinar el 80 por ciento de estos recursos a los municipios, en proporción al número de visitantes que arriben a los puertos y en un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración para financiar la prestación del servicio.

“Se derogan los dos derechos y se considera tanto los pasajeros que arriban a los puertos como a los tripulantes que vienen junto con la embarcación. Esto nos lleva a un total de personas sujetas al cobro de ocho millones; con una cuota de 25 pesos se recaudaría la misma cantidad que con el derecho establecido.

---ooOOoo---