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Boletín N°. 3026 Debemos armonizar nuestra legislación con la norma mundial en cuanto a desaparición forzada de personas

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·El diputado Gerardo Priego enfatizó que en México ocurren dos secuestros al día

De todas las entidades de la República, sólo Guerrero tiene armonizada parcialmente su legislación con los acuerdos internacionales en materia de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, a pesar de que en México se suscitan dos secuestros al día.

Así lo señaló el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, diputado Gerardo Priego Tapia, quien añadió que más de 300 secuestros tuvieron lugar en el país de enero a mayo de este año.

Cifras oficiales revelan un repunte de 9.1 por ciento en el número de plagios respecto a 2007, y mayor incidencia de casos en Baja California, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Estado de México y Distrito Federal, abundó.

A través de un punto de acuerdo, enfatizó que México ha firmado tratados y convenios en la materia en forma permanente desde que los derechos humanos comenzaron a protegerse; sin embargo, el país tiene un rezago en la armonización de su derecho interno, federal y local.

Respecto de la prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, recordó que México suscribió la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el 18 de diciembre de 1992, y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el 9 de junio de 1994.

El diputado refirió que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas señala: "Los Estados se comprometen a adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad".

Por ello, dijo, la importancia de que los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal armonicen sus legislaciones en materia de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, de acuerdo con los tratados internacionales en la materia de los que México es parte.

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