La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados analiza varias iniciativas a fin de elaborar un dictamen sobre el derecho de réplica; el propósito es que desde su diseño no conlleve juicio de valor y que su ejecución sea de manera rápida en beneficio de quien solicita su aplicación.

Durante el foro Análisis de las Iniciativas en Materia de Derecho de Réplica, el presidente de este órgano legislativo, Diódoro Carrasco Altamirano (PAN), destacó que actualmente en la comisión existen diversas iniciativas para reglamentar ese derecho.

“A pesar de la riqueza de las reformas no ha sido posible lograr los consensos necesarios en torno a dos aspectos centrales. El primero, cuál debe ser la institución garante del ejercicio; segundo, cuál el procedimiento”, externó.

Indicó que la mayor controversia se ha suscitado porque no han definido qué institución será la reguladora. “Hay quien propone que se cree una instancia autónoma, otros argumentan que debe ejercer su facultad la Secretaría de Gobernación (Segob) y también se ha sugerido que se encargue el Poder Judicial”.

Explicó que el foro tiene como propósito escuchar la postura de cada legislador promovente así como las opiniones de los expertos en la materia y con las conclusiones concretar un dictamen integral.

En su oportunidad, la diputada Valentina Batres Guadarrama (PRD) externó que el foro sirve para intercambiar ideas, conocer todos los aspectos de las normas jurídicas inmersas en el tema, de tal manera que se garantice el ejercicio de un derecho reconocido en la Constitución.

Detalló que al derecho de réplica no se le debe ver como limitante de la libertad de expresión; por el contrario, la fortalece, porque obliga a publicar datos veraces y exactos.

Abundó que la iniciativa de ley que presentó se proponía como autoridad reguladora al Poder Judicial, porque tiene la facultad de obligar a un medio de comunicación a transmitir la rectificación del hecho o de datos que exige un particular.

“El Poder Judicial debe proteger a un particular de otro particular ante una violación de garantías individuales o de derechos fundamentales”.

Los diputados Dora Alicia Martínez Valero, Rocío del Carmen Morgan Franco y José Antonio Díaz García, del PAN, coincidieron en que no se trata de impulsar una ley mordaza, sino de encontrar equilibrios entre la información y el respeto a la ciudadanía.

Precisaron que el derecho de réplica no es un asunto electoral, no obstante que pueda tener mayor injerencia en ese tipo de casos. Ahondaron que entre los temas principales está definir qué autoridad será la competente para resolver este tipo de controversias.

Refirieron que la propuesta elaborada por su fracción parlamentaria impulsa una ley administrativa, con aplicación de sanciones del mismo tipo, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), ya que es la encarga de regular a los medios de comunicación.

Por su parte, Virgilio Andrade, consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) y Jorge Alcocer Villanueva, coordinador general del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA), concordaron que el derecho de réplica tiende, al largo plazo, a fortalecer los equilibrios informativos, elevando la calidad de los contenidos y el comportamiento de los medios.

Es un mecanismo que regula y plantea límites, porque no cualquier información puede ser replicada, sólo la crítica periodística; se debe entender que el ejercicio de la libertad de expresión no debe quedar subordinado al derecho de réplica, éste sólo marca parámetros”, estableció Alcocer Villanueva.

Este derecho, continuó, no es en contra de los medios, es un derecho ciudadano que incluso ayuda a los medios de comunicación a adoptar códigos de conducta autorregulatorios.

“En la mayoría de los países donde se aplica se observó, a partir de la entrada en vigor, una caída sustancial en el número de solicitudes de este derecho; porque los medios comenzaron a adoptar nuevos códigos de conducta”, sentenció.

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