• Debe aplicarse desde el uno de octubre: Octavio Martínez Vargas
En el marco del análisis de la Ley Federal de Derechos, integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado Jorge Estefan Chidiac (PRI), iniciaron la revisión del Derecho de No Inmigrante (DNI) propuesto por el Ejecutivo federal y que modifica al que entraría en vigor el primero de octubre de 2008.

En reunión de trabajo, el Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Ernesto Coopel Kelly, se pronunció por mantener el monto de este derecho en 56 pesos y la proporción de distribución en 95 por ciento para los municipios que reciban cruceros y 5 por ciento para el Instituto Nacional de Migración.

Dijo que “es muy importante que municipios que reciben cruceros tengan suficientes recursos para mejorar su infraestructura, a fin de elevar su nivel de competitividad”.

Agregó que en Alaska y Bermuda se cobran de 50 a 60 dólares; en México sólo se contempla un pago de cinco dólares; “esto no significa daño alguno a la economía de las navieras o de los pasajeros y representa una fuente de financiamiento para mejorar la calidad de los servicios turísticos del destino”.

Por su parte, el diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Turismo, reiteró que la aplicación del derecho tiene que ser el próximo primero de octubre, como se estableció en la última prórroga, a fin de observar su comportamiento e impacto económico.

Dijo que en la propuesta del Ejecutivo “hay una cláusula que genera ruido; si uno de los ayuntamientos de donde se deriva el recurso tiene algún adeudo con la federación le será recaudado y no se le entregará. En este mecanismo no estamos de acuerdo porque existiría discrecionalidad en la distribución”.

“Necesitamos otorgarle más recursos a los municipios para que mejoren su imagen urbana, se conserve el destino, se invierta en seguridad pública y productos turísticos de calidad; esa es la naturaleza del derecho”, concretó.

El diputado José Rosas Aispuro Torres (PRI) aseveró que primero se tiene que resolver la instrumentación jurídica del cobro; “si seguimos en el mismo esquema se pueden amparar las empresas navieras y tendríamos demasiados problemas legales”, dijo.

“Estamos de acuerdo en que la proporción de distribución no cambie, que sean los municipios los que reciban la mayor parte de estos ingresos, pero es indispensable la instrumentación jurídica para su implementación.

En tanto, Manuel Mijares Jiménez, coordinador de asesores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reiteró que la propuesta del Ejecutivo contempla cambiar al sujeto obligado del derecho.

Así como está, dijo, el sujeto obligado es el pasajero; para cobrarle a los 6 millones de visitantes que arriban al país por los puertos se tendrían que establecer mecanismos de administración muy complicados y perjudiciales para los turistas.

“Ahora son las empresas navieras las responsables del cobro; ellas son los sujetos del tributo y tendrán que establecer los mecanismos para aplicarlo; no es pertinente aplicar el derecho en octubre por estas causas; lo factible sería aplicarlo a partir del próximo primero de enero, con las modificaciones planteadas.

Por su parte, el diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) coincidió en no modificar el monto y consideró que lo único que se tiene que hacer es buscar un mecanismo para simplificar la operatividad administrativa para su cobro”.

---ooOOoo---