De acuerdo a cifras oficiales, los estados con mayor número de denuncias por secuestro y que pidieron rescate son el Distrito Federal, con 77 casos al año; el Estado de México, 67; Baja California, 41; Guerrero, 33 y Jalisco, con 20. Además, en el 2007 se registraron en todo el país mil casos de privación de la libertad, que representa un aumento en las denuncias del 35 por ciento, respecto a 2006.

Ante tal situación, la diputada Elda Gómez Lugo (PRI) presentará una iniciativa que reforma el artículo 366 del Código Penal Federal, a fin de elevar de 60 a 80 años de prisión y diez mil días de salario mínimo como multa a quien cometa el delito de secuestro.

En los casos en que el secuestrador tenga algún parentesco con la víctima, la sanción propone cadena perpetua y multa de quince mil días de salario mínimo.

El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, subraya que México, después de Colombia, es el país donde ocurre el mayor número de secuestros por día, semana, mes y año.

También, a nuestro país se le ubica entre los primeros lugares de muerte y torturas a las víctimas que oponen resistencia o simplemente no cumplen con las cifras, tiempos y condiciones exigidas.

Refiere que la "industria del secuestro" se ha convertido en una fuente inagotable de recursos para los criminales, al amparo de la impunidad y complicidad de las autoridades, por lo que los índices de violencia en ese rubro se han multiplicado en perjuicio de gente de todos los estratos socioeconómicos.

Ante ese panorama, la iniciativa sugiere que las sanciones para este delito sean homologadas. Profundiza que en la actualidad cada entidad cuenta con una legislación diferente; los criterios para castigar este delito deben unificarse y, además, los culpables purgarían sus condenas en prisiones de máxima seguridad.

Asimismo, detalla que es necesario impulsar reformas que combatan la creciente amenaza que constituye para la seguridad de los ciudadanos el delito de secuestro.

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