Un millón 200 mil son migrantes

·Por desplazamientos, sus hijos no van a la escuela

Ante las condiciones de explotación laboral y estancamiento de los jornaleros agrícolas, se requiere un régimen jurídico que garantice su acceso a salud, educación y seguridad social, por lo que el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, (PRI) presentará una iniciativa de reformas a las Leyes Federal del Trabajo y General de Educación.

El documento advierte que el marco legal actual es obsoleto e ineficaz para atender la problemática de 3.1 millones de jornaleros, de los cuales un millón 200 mil son migrantes.

Subraya que uno de los principales problemas del trabajo jornalero migrante es el empleo de niños, lo cual acentúa la marginación de familias y se convierte en factor de rezago para los menores que no pueden seguir en la escuela.

El 55 por ciento de los jornaleros se desplaza con sus familias por falta de empleo; por ello, más del 60 por ciento de los hijos de estas familias, de entre 6 y 14 años de edad, no asiste a la escuela, refiere.

La mayoría de los niños jornaleros migrantes estudia en promedio 3.3 años; uno de cada diez asiste a la escuela; 70 por ciento se encuentra en el primero o segundo grado de primaria y el 100 por ciento está desfasado de su nivel de estudios, como mínimo, por dos años; además, los que acuden a las aulas llegan mal alimentados y cansados después de una jornada de trabajo.

Propone, mediante la adición de los artículos 283 Bis y 284 bis a la Ley Federal del Trabajo, que se brinden servicios de guardería y educación a los hijos de los jornaleros agrícolas y se proporcione a las autoridades laborales competentes la relación de trabajadores o de sus hijos que deban recibir servicios educativos, para que les sean proporcionados.

Debido a que el 40 por ciento de los jornaleros migrantes son indígenas, que 28 por ciento son analfabetos y que sólo uno de cada diez trabajadores del medio rural está afiliado al Seguro Social, sugiere que los patrones los registren ante las instituciones de seguridad social y les otorguen las prestaciones derivadas de la relación laboral.

Se plantea que la Federación, a través de la Secretaría del Trabajo, suscriba convenios o acuerdos de coordinación, a fin de que los gobiernos locales y del Distrito Federal promuevan la vinculación interinstitucional para atender a estos trabajadores y sus familias, así como programar tareas de inspección y vigilancia.

Con las reformas a la Ley General de Educación se busca establecer que las autoridades y los patrones promuevan programas de servicios especiales para trabajadores migrantes, eventuales o estacionarios del campo y sus hijos, así como alternativas que respondan a su identidad y cultura.

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