El pleno de la Cámara de Diputados aprobó tres dictámenes con punto de acuerdo. Uno de ellos exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que fortalezca los mecanismos, medidas y acciones para prevenir el delito y combatir la delincuencia organizada en Oaxaca.
Aclara que estas medidas se instrumenten a través de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República y en coordinación con las autoridades competentes del estado.
Subraya que la lucha contra el crimen organizado requiere de mayor atención, ya que éste se ha infiltrado en la sociedad y conlleva una serie de actos ilícitos que ponen en riesgo el desarrollo, tranquilidad y el bienestar de la familia.
Considera que es importante coordinar esfuerzos en los tres ámbitos de gobierno para atacar el problema de inseguridad en que se encuentra Oaxaca. “Es por ello que se debe establecer un plan estratégico en materia de seguridad pública”.
ASF
Otro punto avalado en la sesión de hoy fue para que la Auditoría Superior de la Federación dé seguimiento a las denuncias presentadas contra los funcionarios y empresas contratistas y, en su caso, inicie los procedimientos correspondientes al Centro SCT Veracruz.
Refiere que existe una denuncia de hechos ante la Secretaría de la Función Pública, de Comunicaciones y Transportes y la Auditoría Superior de la Federación, por irregularidades en las licitaciones, así como en la construcción de obras carreteras. También se informó a la Contraloría Interna de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la duplicidad de pago en los trabajos de reconstrucción y conservación rutinaria anual.
A pesar de presentar la documentación de dicha duplicidad de pagos e informado de estos ilícitos en tiempo y forma, no se ha determinado responsabilidad alguna.
Exhorto al congreso de Puebla
También se aprobó exhortar al Congreso de Puebla a que en términos del artículo segundo transitorio del decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos apruebe las modificaciones que sean necesarias para cumplir con lo dispuesto en éste, respecto a su órgano estatal de fiscalización.
Establece que las legislaturas de los estados deberán aprobar leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en ese decreto a más tardar en un año.
Refiere que la utilización racional y transparente de los fondos públicos constituye una de las condiciones esenciales para garantizar el buen manejo de las finanzas públicas y la eficiencia de las decisiones adoptadas por la autoridad competente.
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