• De 169 países ocupamos el lugar 136 en peligrosidad para esta actividad
La Cámara de Diputados aprobó un exhorto para que las Comisiones estatales de derechos humanos implementen áreas especiales encargadas de dar atención y seguimiento a los agravios cometidos en contra de periodistas en su entidad.
El dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, que preside Omeheira López Reyna, señala que la violencia contra los comunicadores desde 1970 a la fecha registró un total de 159 periodistas asesinados.
De ellos, menciona, 6 fueron en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, 12 en el de José López Portillo, 33 en el de Miguel de la Madrid Hurtado, 46 en el de Carlos Salinas de Gortari, 24 en el de Ernesto Zedillo Ponce de León, 31 en el de Vicente Fox Quesada y 7 en lo que va de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
Esta situación ha llevado a que actualmente México ocupe el lugar 136 de 169 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2007, presentada por Reporteros sin Fronteras.
Se señala que es indispensable la adopción de mecanismos que garanticen la coordinación entre todas las instancias federales, que den seguridad y un pleno ejercicio del derecho a las actividades periodísticas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atiende las agresiones contra periodistas, no sólo formulando recomendaciones o atendiendo quejas, sino creando instancias y unidades de vigilancia y seguimiento.
Menciona que sólo dos comisiones estatales de derechos humanos cuentan con un área especializada en el tema: Guerrero, con el Programa de Agravio a Periodistas; y Oaxaca, con la Visitaduría Especializada en Agravio a Periodistas.
De ahí, enfatiza, es indispensable que todos los estados de la República, dentro de sus comisiones estatales de derechos humanos, establezcan áreas exclusivas de atención para el seguimiento a agresiones contra periodistas.
“Ello fortalecerá la libertad de prensa, pero sobre todo los comunicólogos contarán con un medio imparcial y autónomo para formular quejas por motivo de agresiones o censuras por el ejercicio de su trabajo, sin importar quién o quiénes sean los agresores”, apunta.
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