El diputado Jesús Alcántara Núñez (PRI), presentará un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que a través de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice acciones para crear un padrón de nacionales juzgados y sentenciados en el extranjero por delitos contra la salud y lavado de dinero.
Asimismo establecer convenios de colaboración con las autoridades de procuración de justicia de los países con mayor incidencia en los delitos, en especial, con Estados Unidos, Guatemala y Belice, a fin de que las autoridades tengan conocimiento preciso del número y personalidad de los reos que compurgan delitos de esta naturaleza, así como del desarrollo y término de su condena.
El documento señala que un gran número de reos mexicanos que compurgaron sentencia por tráfico de drogas o lavado de dinero en otros países y ya han sido liberados, regresan a México para unirse nuevamente a las organizaciones delictivas a las que pertenecían.
Por ello, dice, es fundamental que las autoridades mexicanas cuenten con un padrón confiable y veraz que contenga la filiación de los reos liberados que cumplieron sentencia por esos delitos en otros países, y todos los datos posibles de sus expedientes judiciales. Aquí no hay intromisión en la vida privada, pues como se sabe, las sentencias, una vez condenatorias, son públicas.
Afirma que es necesario que la Cancillería mexicana establezca convenios específicos de colaboración con las autoridades federales y estatales norteamericanas; que la PGR cuente con medios de identificación rápidos y confiables y que el INM aplique los reglamentos de internación de ciudadanos mexicanos, “porque, actualmente, si uno llega a pie desde cualquier país vecino generalmente no tiene que mostrar absolutamente ningún documento para entrar”.
Subraya que si las autoridades de procuración de justicia cuentan con ese padrón de repatriados que hayan sido sentenciados por esos delitos, habiendo establecido previamente convenios de colaboración con las autoridades estadounidenses que correspondan, sabremos al momento quiénes fueron detenidos, quiénes purgaron condenas y en qué fecha fueron liberados.
Puede entonces averiguarse, con la filiación que proporcionen, si tienen asuntos pendientes en nuestro país y proceder en consecuencia, cuando sean deportados.
El legislador destaca que la meta principal del tráfico de estupefacientes es Estados Unidos, donde hay una multiplicación inmensa del valor del producto ilegal, mientras que Guatemala, y en menor medida Belice, son todavía territorios de paso y de consumo.
Indica que cuando un connacional es detenido, juzgado y sentenciado, tiene el derecho a solicitar apoyo al consulado mexicano correspondiente para que éste salvaguarde sus derechos elementales.
Sin embargo, luego de purgar su condena, a menos de que sea condenado a muerte o prisión vitalicia, ya no se le da seguimiento oficial por parte de la cancillería, y menos por parte de la agregaduría de la PGR.

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