Durante la sesión de hoy, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (Convergencia) presentó una iniciativa para crear la Ley de Denunciantes Anónimos, la cual plantea la integración de un fondo de estímulos para entregar recompensas a los ciudadanos que aporten información que permita la detención de delincuentes.
Dijo que pese a no estar regulada, la denuncia anónima ha tenido buenos resultados en el combate a la delincuencia. Ejemplificó que en el Distrito Federal, de enero de 2007 a julio de 2008, fueron capturados al menos 450 presuntos delincuentes como resultado de averiguaciones previas iniciadas por denuncias anónimas, y permitieron que el 80 por ciento de esos casos fueran consignados a un reclusorio.
Con esa figura “se promovería la coadyuvancia de la sociedad con los esfuerzos gubernamentales, dada la manifiesta incapacidad de resolver el grave problema de la inseguridad en nuestro país, sin crear una estructura burocrática, pues la operación, manejo y resolución de esas denuncias descansaría en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública”, señaló.
Revertir efectos nocivos causados por refinerías
El diputado Antonio Vega Corona (PAN) presentó reformas al artículo 4o.-B de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de revertir los efectos nocivos que provoca la contaminación del aire, suelo y agua en las regiones donde se localizan refinerías de Pemex.
El documento, turnado a la comisión de Hacienda y Crédito Público, plantea que los municipios en donde se ubican las refinerías de Pemex se les incluya en el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, con el fin de que se compensen los daños de salud pública y medio ambiente.
Prevenir desnutrición, sobrepeso y la obesidad

La diputada Mónica Arriola, de Nueva Alianza, presentó dos iniciativas. La primera, para prevenir, tratar y controlar la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos alimenticios entre la niñez y los adolescentes.

Planteó reformar el artículo 28 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho a la salud de éstos.

La iniciativa sugiere que autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales se deberán coordinar para impulsar el desarrollo de actividades y programas en materia de nutrición encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados.

En tribuna, la legisladora destacó que la desnutrición, la obesidad y los trastornos alimenticios, padecimientos que hoy caracterizan a la sociedad mexicana y afectan específicamente a la niñez de México, comparten un mismo origen: la mala alimentación.

Propuso que desde el ámbito familiar, en las escuelas y a través de los medios de comunicación, gobierno y sociedad se deben reforzar todas las acciones encaminadas a promover el conocimiento y desarrollo de habilidades para el cuidado propio de la salud.

Agilizar ingreso de niñas y niños desplazados a escuelas

En la otra iniciativa, Mónica Arriola propuso modificar la Ley General de Educación, adicionando un segundo párrafo al artículo 32, para que en los casos particulares de desplazados internos, las autoridades educativas tomen las medidas urgentes para la flexibilización de requisitos de ingreso de niñas y niños y adolescentes pertenecientes a dichas familias.

Mencionó que la problemática del desplazamiento interno en México es relativamente reciente. Añadió que en diciembre de 2003, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un diagnóstico sobre los derechos humanos.

“Como parte del citado diagnóstico, se encuentran los desplazados internos que en cifras estimadas se calcula son entre 3 mil y 21 mil”, dijo.

Afirmó que no obstante, la cifra es inexacta, debido a que nuestro país no dispone de estadísticas oficiales por dos obstáculos principales para su medición, su naturaleza inestable y temporal y la falta de atribuciones para su seguimiento en determinada dependencia de la administración pública federal. La iniciativa se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Establecer Constitución como rectora suprema

La diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario Convergencia, presentó dos iniciativas. La primera, que reforma el artículo 133 de la Constitución Política a fin de que se establezca la supremacía de la Constitución sobre las leyes que emanen de la misma. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Abrogar Ley de veteranos de la Revolución

En la otra iniciativa, la legisladora propone abrogar la ley a favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado.

La propuesta explica que dicha ley regula la organización de los veteranos de la Revolución que trabajan en las dependencias del Gobierno federal, para las mejoras de sus prestaciones laborales, tales como jubilación mediante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Sin embargo, añade, esto ya no es posible debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional ha manifestado que no cuenta con registros de beneficiarios y sólo se encuentran 88 viudas, por tal motivo, “ya no hay que regular a ninguna organización o prestación”. La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Social.

Mártires de Tlatelolco de 1968, en letras de oro

Los diputados Martha Angélica Tagle Martínez y Elías Cárdenas Márquez, de Convergencia, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro, en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda "Mártires de Tlatelolco de 1968". La propuesta se envió a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Derecho ambiental

El diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del PAN, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, relativas al derecho ambiental.

Al exponer los motivos de su iniciativa, el legislador destacó que la reforma permitirá a cualquier persona acceder al derecho que tiene para solicitar información clara acerca del posible impacto ambiental que se podría generar con cualquier actividad. Además de denunciar o interponer un recurso de revisión cuando éste afecta al ambiente, sin necesidad de acreditar mayores requisitos legales que el interés jurídico directo.

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