En México se han reportado 450 secuestros de enero a agosto de 2008; es decir, al día, en promedio, ocurren 1.9, de los cuales 136 fueron atendidos por los cuerpos de seguridad federal, mientras que las procuradurías de justicia estatales se encargaron de los 314 restantes, de acuerdo a la Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal.

Así lo informó la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, mediante un dictamen aprobado en reunión de trabajo, para solicitar al Ejecutivo a que instruya a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Pública para que dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública se destinen recursos adicionales etiquetados, derivados de los subejercicios que se registran a la fecha.

El propósito es estimular a los gobiernos municipales, en especial aquellos que invierten recursos propios y presentan proyectos innovadores de combate a la inseguridad y a la delincuencia organizada, que les permita atender de manera inmediata esa problemática.

En el documento, que será sometido a consideración del Pleno, se destaca que ante las graves condiciones de inseguridad que se reportan en diversas entidades, el Gobierno federal debe ejercer de inmediato y de manera transparente los recursos asignados al rubro.

Agrega que en el ejercicio fiscal de 2008 se presupuestaron para los municipios, a través del Subsidio para la Seguridad Municipal, tres mil 580 millones de pesos y al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, seis mil millones de pesos.

El dictamen también exhorta al Ejecutivo atienda los proyectos que en esa materia están promoviendo los Gobiernos municipales, con el objetivo de atender, de forma coordinada, el combate al crimen organizado y la inseguridad.

Refiere que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad establece la implementación de políticas integrales en materia de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia y análisis para enfrentar la actuación de la delincuencia organizada.

Asimismo, suscribe el fortalecimiento y mayor eficacia de los sistemas de seguridad y procuración de justicia, para lo cual el Ejecutivo debe reasignar recursos y partidas dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, a partir de reglas de operación flexibles, eficaces y transparentes.

La comisión señala que es urgente atender los proyectos relacionados con el tema que algunos municipios han presentado ante diversas instancias, a fin de cumplir con las demandas de seguridad emitidas por la ciudadanía.

Mejorar condiciones de vida a reclusas

Otro dictamen avalado por la comisión insta a los Gobiernos estatales, así como al del Distrito Federal y al secretario de Seguridad Pública a dar cumplimiento a la Recomendación General No. 3, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), referente a garantizar la dignidad y a mejorar las condiciones carcelarias de las reclusas de los fueros común y federal.

Solicita a la SSP, mediante su órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a los estados y al DF, a incorporar la perspectiva de género en los modelos de atención de este grupo.

El dictamen refiere que actualmente las condiciones de vida en reclusión de mujeres y hombres, al ser distintas, ponen de manifiesto la mayor vulnerabilidad que, sólo por razón de género, tienen las internas, eso debido a que se encuentran en desventaja de oportunidades para acceder a los derechos reconocidos.

Esta situación, precisa el documento, se extiende a los hijos que permanecen con ellas en la prisión y sólo, excepcionalmente, cuentan con los satisfactores adecuados y necesarios para su sano desarrollo.

La CNDH, a través de la Recomendación General No. 3, informa que de los 311 centros supervisados, en 124 de ellos se constató que había población femenil que presentaba evidentes diferencias en las condiciones de vida entre mujeres y varones, así como violaciones a sus derechos fundamentales.

Este organismo comprobó la nula existencia de garantías sobre la protección de su salud y el ejercicio pleno de los derechos de los infantes que permanecen con ellas en los reclusorios.

El documento agrega que desde hace una década las autoridades federales admiten la necesidad y conveniencia de mantener áreas separadas para hombres y mujeres en los reclusorios del país; sin embargo, la realidad es que esas disposiciones no se cumplen, con el consiguiente desorden, hacinamiento y corrupción que caracterizan a las cárceles nacionales.

Cumplir recomendaciones de la CNDH

Otro dictamen aprobado por la comisión exhorta al titular de la SSP, al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, al gobernador del estado de México y al director del Penal de Santiaguito a cumplir la recomendación elaborada por la CNDH, relativa a los hechos de violencia ocurridos en mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.

En él se explica que durante la reubicación de comerciantes ambulantes de esas localidades se suscitaron hechos violentos, en los que autoridades policiacas violaron las garantías constitucionales de los habitantes de dichos municipios.

El documento puntualiza que la CNDH recibió más de 200 quejas que acreditan lesiones a consecuencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes; daños en propiedad ajena; cateos ilegales; robos; incomunicación; amenazas y dilatación o negligencia médica.

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