El narcotráfico desafía al Estado pues se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional. “Por información reciente se sabe que México supera a Colombia en el número de pandillas reconocidas por las propias autoridades del país”.

Así lo menciona la diputada Elda Gómez Lugo (PRI) en una iniciativa que propondrá al Pleno camaral para que los sentenciados por delitos concernientes al crimen organizado, no gocen del privilegio de la remisión de un día de prisión por cada dos de trabajo.

La secretaria de la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios en el País, indica que por su manera de actuar, el crimen organizado genera inseguridad y violencia, degrada el tejido social, lastima la integridad de las personas y pone en riesgo la paz del país.

“El Gobierno federal ha demostrado no tener la capacidad suficiente para enfrentar el crimen organizado, además de la inconsistencia de las leyes, que no logran desarrollar estructuras, recursos humanos ni materiales para combatirlo”, afirma en el documento.

Gómez Lugo resalta que un problema que inquieta a la sociedad mexicana son las constantes ejecuciones que se presentan, por lo que resulta preocupante que entre los muertos se encuentren civiles, mandos policiales, funcionarios y ex policías.

“Vemos con tristeza que estas acciones sólo son para tratar de callar el reclamo social a la ineficiencia, ineficacia y opacidad que mostró dicha administración en el combate al crimen organizado, en donde la mayoría de los detenidos forman parte de la cadena inferior de distribución o son campesinos cultivadores”, precisa.

La diputada añade que es necesario que el sistema jurídico responda a las realidades sociales, económicas y políticas, de ahí que se requiere fortalecer la persecución del delito y la impartición de justicia, buscando en todo momento abatir los altos niveles de corrupción que lo caracterizan.

En este sentido, señala, es indispensable que se busque un sistema institucional judicial y de procuración de justicia profesional y eficiente, para evitar que los criminales salgan con facilidad de los penales con el argumento de que por buena conducta sus penas han disminuido.

Por ello, la reforma al artículo 16 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para que se le quiten los beneficios con que cuentan los sentenciados por delitos del crimen organizado cuando ingresan en los penales, como es la disminución de penas por días de trabajo, buena conducta y actividades educativas.

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