La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 263 votos a favor el dictamen que adiciona un artículo 4 Bis a la Ley del Registro Público Vehicular, a fin de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebre convenios con los gobiernos estatales y del Distrito Federal, para que puedan expedir certificados de no registro de robo de vehículos.

El dictamen de la Comisión de Seguridad Pública tiene como objeto otorgar seguridad y certeza jurídica a quienes pretenden obtener o comprar algún vehículo.

Precisa que el delito de robo de vehículos se ha consolidado en los últimos años como de los más lucrativos para las redes criminales organizadas, nacionales e internacionales, que operan en México.

Las utilidades que se generan con este ilícito, enfatiza, lo hacen competitivo y con un gran impacto socioeconómico alternando con otros delitos como narcotráfico, secuestro, tráfico ilegal de personas, robo de transportes de mercancías y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La comisión dictaminadora hace saber de su conocimiento los diversos mecanismos y prácticas utilizadas por los delincuentes entre los que destaca, el doblaje de placas o registros y la falsificación de documentos, con los cuales se logra engañar a algunos compradores de vehículos seminuevos o usados, respecto al origen ilícito del bien.

De ahí que se estime adecuado incluir la facultad de la autoridad para expedir un certificado, lo cual tendrá que concretarse en la Ley del Registro Público Vehicular y no en la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sesiones de los tribunales colegiados de circuito

A fin de que las sesiones de los tribunales colegiados de circuito sean grabadas para obtener la creación de un archivo digital de su desarrollo, se aprobó en la Sesión de la Cámara de Diputados con unanimidad de 268 votos a favor reformas al artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, y el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El dictamen de la Comisión de Justicia señala que con esto se permitirá que el Consejo de la Judicatura Federal finque las responsabilidades a los magistrados que en su caso cometan una falta inherente a la función que desempeñan.

Se indica que el Consejo de la Judicatura Federal regulará, recopilará, documentará, seleccionará y difundirá los archivos para conocimiento público, en apego a las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública.

El diputado José Manuel del Río Virgen (Convergencia) dijo que el Poder Judicial Federal siempre ha estado abierto al escrutinio de la sociedad, y los ministros han permitido que se conozcan todos sus acuerdos; sin embargo, la propuesta versa sobre el sentido de que también los juzgados de circuito pasen por el filtro de la fiscalización que se requiere.

Lo que se busca con la reforma, añadió, es que el juzgador sea juzgado por el escrutinio de la sociedad y valorado, y que el Poder Judicial Federal rinda cuentas como lo ha venido haciendo.

Acervo digital

También por unanimidad, el Pleno avaló por 266 votos a favor, un dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas, en materia de acervos digitales y servicios informáticos.

Se busca que las bibliotecas públicas cuenten con módulos de servicios digitales equipados con bienes informáticos y periféricos, que brinden el servicio de información, comunicación y colecciones en ese formato.

Al fundamentar, el diputado Constantino Acosta Dávila (PAN) dijo que la importancia de las bibliotecas públicas es incuestionable, por lo que la sociedad y sus instituciones lo reconocen ampliamente, de ahí que es imperativo que la normatividad mexicana se actualice ante la realidad tecnológica que se vive.

“Se reconoce que la biblioteca pública representa la puerta local hacia el conocimiento y constituye un requisito básico para el aprendizaje a lo largo de los años para la toma independiente de decisiones y progreso cultural del individuo y de los grupos sociales”, añadió.

Lo que impulsó la reforma, destacó, es que actualmente la ampliación de los acervos así como el fortalecimiento y la eficiencia de las bibliotecas públicas dependen en buena medida de la incorporación de los avances tecnológicos a su organización y funcionamiento, en lo particular lo relacionado a los procesos digitales.

La diputada Blanca Luna Becerril (Nueva Alianza) señaló que la educación debe estar apoyada por todas las herramientas que la tecnología proporciona, con el fin de construir los mecanismos que posibiliten un desarrollo de las capacidades y competencias de las y los estudiantes y hacer una realidad la existencia de bibliotecas digitales en México.

Junta de Gobierno para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Por 253 votos en pro y una abstención, el Pleno Camaral avaló un dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que reforma el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Lo anterior, a efecto de que en la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación se incluyan como invitados permanentes con derecho a voz, pero no a voto, a un integrante de la Cámara de Diputados y a uno de la de Senadores.

El objetivo será coadyuvar a impulsar acciones de información, sensibilización, capacitación y divulgación que favorezcan la convivencia en la diversidad, el respeto a la diferencia y la igualdad.

La diputada Diana Carolina Pérez de Tejada Romero (PAN) sostuvo que la participación del Poder Legislativo en las juntas no invaden la esfera jurídica del Ejecutivo federal permaneciendo la división de poderes, toda vez que su participación será de opinión y sin decisión.

Pidió el voto a favor, puesto que no están incluidos representantes del Poder Legislativo que obedeciendo al principio de representatividad de la sociedad se deben considerar, actualizando así la legislación para que las instituciones que trabajan en pro de los grupos vulnerables estén plenamente identificadas en las normas.

Los cuatro dictámenes aprobados en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados se enviaron al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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