Es necesaria una revolución energética y una política sería de producción de alimentos al servicio de los pueblos y no de los monopolios.

Al participar en la cuarta mesa de trabajo del foro Globe de Legisladores de las Américas sobre Cambio Climático, el diputado Rodolfo Solís Parga (PT) aseguró lo anterior y dijo que la propuesta para utilizar agrocombustibles es inviable e inaceptable.

Abundó que los alimentos son convertidos en energéticos para sostener la riqueza y los privilegios de unos pocos; más aún, presentan a los agrocombustibles como una alternativa ambientalmente amigable frente a los efectos de calentamiento global, pero la realidad es que se trata de un desastre auténtico y una amenaza seria para los pueblos y los ecosistemas.

Principalmente, continuó, serán afectados los campesinos, pescadores y pastores, es decir, los que provén al mundo de la mayor parte de los alimentos y son, al mismo tiempo, los más desposeídos del planeta.

Denunció que “Estados Unidos y sus socios se disponen a practicar una masiva eutanasia de los países subdesarrollados, pues es ahí donde se encuentran las mayores reservas del planeta requeridas para la fabricación de biocombustibles”.

Solís Parga dijo que el gobierno estadounidense aspira a garantizar el monopolio de las fuentes de energía tradicional, por parte de las grandes empresas, aprovechando la legítima preocupación de la opinión pública internacional por el calentamiento global; sin embargo, los efectos de la nueva ideología pueden ser tan devastadores como las guerras.

Al respecto, la diputada Beatriz Manrique Guevara (PVEM) puntualizó que el continente americano es responsable del 30 por ciento de las emisiones de carbono en el planeta; debido a la producción de energías, el transporte y la deforestación.

Aseveró que “diversas instituciones internacionales proponen la utilización de la biomasa, con lo que se generaría la mitad de la demanda energética mundial con menores emisiones de carbono”.

La legisladora se pronunció a favor de impulsar estrictos controles en el manejo de los biocombustibles, “de lo contrario se corre el riesgo de malos manejos que aumenten las emisiones contaminantes debido a la deforestación; es necesaria una planeación integral y a largo plazo que asegure que cada región del continente utilice las más apropiadas”.

En su oportunidad, el diputado José Luis Espinosa Piña (PAN) consideró que la política de bioenergéticos es una alternativa viable para los países en vías de desarrollo de generar nuevos niveles de prosperidad para sus pueblos.

“No sólo se contribuiría a solucionar un problema ambiental, sino a resolver las demandas sociales, de desempleo y reactivará la economía agrícola en muchas naciones. Además sería una opción para poder innovar, generar tecnología, desarrollo y posiblemente un mercado global”.

Aclaró que mientras no se elimine la pobreza y la miseria, no se podrá combatir el cambio climático, ni restaurar los ecosistemas, ni recuperar la calidad de la biosfera.

El ex primer ministro a cargo de Bosques del Reino Unido, Barry Gardiner, afirmó que mientras los países desarrollados y ricos son quienes han creado la mayor parte de las emisiones de gas invernadero, son las naciones pobres los que sufren los peores efectos inmediatos.

Refirió que la falla en los ecosistemas y la pérdida de las biodiversidades representan una pequeña reducción en el Producto Interno Bruto (PIB) de los países; 1.4 millones de los pobres del mundo representan una pérdida catastrófica que está subiendo casi al 50 por ciento del PIB.

Advirtió que la preservación de la biodiversidad no lleva el mismo ritmo que presentan los efectos del cambio climático, que repercute en la pérdida de especies y ecosistemas; “esa es la verdadera amenaza al bienestar de la raza humana”.

En tanto, el copatrocinador de la iniciativa brasileña de cambio climático, Renato Casagrande, comentó que la variación del uso de suelo y la protección de los servicios de los ecosistemas son temas de prioridad política y científica.

Recalcó que el objetivo de la comisión es tener un documento con las contribuciones y entregarlo a los jefes de Estado, a las cúpulas de los gobiernos, y hacer realidad en los parlamentos esas propuestas.

“Necesitamos una política global clara que tenga como objetivo la protección de la riqueza natural. Todos debemos colaborar para acceder a un resultado efectivo y concreto”, sentenció.

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