En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la diputada Martha Hilda González Calderón, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se pronunció por atender ese problema desde una perspectiva integral y humana, donde se procure la razón, el respeto y la concordia.

Dijo que es momento de hacer una recapitulación de los esfuerzos sociales para abatir y erradicar estas prácticas y de reconocer lo que han aportado marcos jurídicos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la del Instituto Nacional de las Mujeres y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

“La conmemoración de esa lucha hace propicio el reconocimiento a las políticas públicas que a partir del marco jurídico vigente han dado lugar al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres”.

La diputada Yolanda Garmendia Hernández (PAN) consideró que la labor de la LX Legislatura ha sido positiva, debido a que se aprobaron en el PEF 2009 mayores recursos para fortalecer los programas orientados a las mujeres. “Aún no es suficiente, debemos trabajar en los marcos en materia penal, para que las leyes verdaderamente protejan a este grupo”.

“Tenemos el deber de mantener un entorno político, social, en el que no se toleren estos actos. La eliminación de estas prácticas sigue siendo uno de los desafíos más graves de nuestro tiempo y es tarea de todos erradicarla”.

Al fijar la postura de su fracción, la diputada Holly Matus Toledo (PRD) enfatizó que el Estado no ha sido capaz de impartir justicia, promover equidad, respetar la dignidad de las mujeres y prevenir la violencia de género, tanto institucional como doméstica.

Agregó que se requiere, en términos económicos, sociales, jurídicos, políticos y culturales, implementar una democracia equitativa; la legislación debe incluir mecanismos que permitan el ejercicio real de las garantías individuales y sociales contempladas en diversos instrumentos internacionales y en la Constitución.

En su turno, la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (PRI) precisó que este día ofrece una oportunidad para que mujeres y hombres se unan en pro de políticas que garanticen la igualdad de trato y se reconozca la contribución laboral, ideológica y científica de las mujeres.

“Debemos trabajar más para implementar acciones de cobertura nacional y estatal con el propósito de erradicar los altos índices de feminicidios registrados actualmente en el país”.

El legislador Jesús Sesma Suárez, del PVEM, reconoció que a pesar de los avances legales aún falta armonizar las leyes locales y actualizar los códigos civiles y penales de las entidades federativas. “Además, el problema va más allá de una simple elaboración de leyes, el reto más importante radica en lograr que las políticas públicas causen efectos en las conductas de las personas”.

Mientras tanto, continuó, “entre los esfuerzos que debemos realizar como legisladores están mejorar los mecanismos de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de las acciones en la materia; asimismo, debemos fomentar la cultura de la denuncia”.

De Convergencia, la diputada Martha Angélica Tagle Martínez exigió al Gobierno federal revertir la situación de vulnerabilidad que actualmente tiene este grupo, debido a que, de acuerdo a Inmujeres, cuatro de cada 10 son ultrajadas por su propia pareja, 9 de cada 100 han sido víctimas de violencia de género y cuatro de cada 10 feminicidios se registran dentro del hogar.

Destacó que es responsabilidad de la sociedad en su conjunto y de los tres niveles de gobierno actuar eficazmente para prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas, “porque no hemos logrado arrebatarle ni una vida al feminicidio, ni un rasguño al maltrato, ni un golpe a la conciencia; los números siguen en ascenso.

“Debemos trabajar sobre las tareas pendientes, como la armonización legislativa nacional y local y demandar al Ejecutivo y a las entidades federativas mejores resultados, porque es deficiente la coordinación de las instancias responsables de este problema”.

La diputada Blanca Luna Becerril (NA) expresó que para avanzar en la construcción de la democracia y la mejor convivencia social, es imprescindible garantizar que las mujeres no sufrirán actos de violencia en sus ámbitos familiar, laboral y escolar; porque encuestas recientes destacan que el 70 por ciento de este grupo ha sufrido algún tipo de agresión.

Recalcó que la promoción activa de los derechos de las mujeres a través de la educación, desde los primeros años, es la mejor opción para erradicar las desigualdades y discriminación que aún subsisten en nuestro país.

A su vez, la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (Alternativa) hizo un llamado para que el Ejecutivo federal publique, a la brevedad, la Norma Oficial 46, a fin de adecuar las leyes y reglamentos que combaten las agresiones a las mujeres.

Explicó que la norma 46 especifica la atención que debe brindarse a las víctimas de violencia sexual; se enfatiza la obligación de ofrecer anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo producto de una violación o informar la alternativa legal para interrumpirlo, toda vez que a nivel federal se permite realizarlo por esa circunstancia.

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