• Dará transparencia al manejo de patrimonio y finanzas públicas

Por unanimidad (342 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones), el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de aumentar la eficacia de los procesos de fiscalización sobre los recursos y conocer con exactitud el estado que guarda el patrimonio y finanzas públicas de la nación.
En el documento se menciona que La Ley General de Contabilidad Gubernamental incluye parámetros generales para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, a fin de medir la eficacia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, así como las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado; lo anterior, a través del uso de sistemas contables.
Dicho marco normativo es obligatorio para todos los entes del Gobierno federal, gobiernos estatales, Poderes Legislativo y Judicial, así como para los órganos autónomos.

Prevé sanciones a servidores públicos que incurran en omisión o alteración de registros; por modificar documentos que integran la contabilidad de la información financiera y no realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que se establece, entre otros supuestos.
Se establece que los sistemas contables deben producir de forma periódica la información contable, presupuestaria y programática, tomando en cuenta las diferencias que exige cada orden de gobierno.
Resalta la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable, que será el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental.

El diputado Benjamín González Roaro, presidente de la Comisión de la Función Pública, dijo que actualmente existe una “indeseable” diversidad en sistemas de información administrativa y financiera entre las entidades federativas, sistemas contables que son, en algunos casos, deficientes o limitados, así como cuentas públicas incompatibles.

“No existen sistemas de contabilidad gubernamental que sean uniformes, lo que trae como consecuencia que la información que generan los entes de gobierno no pueda ser comparada, toda vez que se emplean términos, metodologías, criterios y formatos diferentes para su presentación”.

Manifestó que con esta Ley se aumentará la eficacia de los procesos de fiscalización sobre los recursos y se conocerá con exactitud el estado real del patrimonio y de las finanzas públicas de la nación.

El legislador destacó que “no sólo se deben incrementar los recursos a estados y municipios sino imponer mayores responsabilidades respecto a la recaudación, custodia, aplicación y control”.

Previo a su validación en lo general y particular, el Pleno avaló modificaciones y adiciones propuestas por el diputado Benjamín González Roaro, a nombre de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública a los artículos 1, 4, 8, 10, 11, 12, 15, 54 y 5º Transitorio.

Estas modificaciones, explicó González Roaro, fortalecen al Consejo Nacional con la inclusión de la Secretaría de la Función Pública y de un representante municipal.

Asimismo, se obliga al Secretario Técnico a dar respuesta a las consultas que son presentadas al Comité Consultivo y se añade la participación de una entidad estatal y de órganos de la sociedad especializados en contabilidad.

También para hacer armónicas las disposiciones de la Ley respecto de las entidades federativas, Distrito Federal, los municipios y los órganos administrativos.

En su oportunidad, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca (NA) se pronunció a favor del dictamen y afirmó que la nueva ley permitirá normar la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera de ingresos y de egresos.

“En materia de cuenta pública la ley trae una serie de beneficios, sobre todo porque se podrán emitir estados financieros de ejecución presupuestaria que coadyuven en la toma de decisiones. Además, representa un avance estratégico para posibilitar la vigilancia, la transparencia, la evaluación y la pertinencia del gasto”.

El legislador Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) resaltó que con esta normatividad la información contable dejará de ser sólo un documento que refleja registros de movimientos contables y presupuestarios, “para convertirse en un instrumento de transparencia que genere confianza en la sociedad”.

Comentó que es imprescindible crear mecanismos que fortalezcan la confianza de la ciudadanía en los gobiernos federal, estatal y municipal.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Javier Guerrero García (PRI) manifestó el voto de su grupo parlamentario a favor del dictamen, toda vez que reúne los requisitos a los que debe aspirar toda sociedad moderna en materia de registro de su patrimonio y operaciones financieras.
Explicó que además de reunir en un Consejo Nacional de Armonización Contable y en un Comité Técnico Consultivo la capacidad normativa del nuevo sistema de contabilidad gubernamental, se aprecian resultados en materia, financiera, programática, presupuestal, evaluatoria y de información económica para conocer la situación de las finanzas públicas y su relación con las cuentas nacionales.
En su oportunidad, Antonio Ortega Martínez (PRD) indicó que la Ley es un instrumento para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, ya que generará en tiempo real los estados financieros que permitan la transparencia y programación con base en resultados.
“Nada escapará al escrutinio social; ningún recurso se podrá desviar de su objetivo, se conservará y preservará el patrimonio público, la gestión alcanzará mejores estándares de resultados”, afirmó.
La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández (PAN) dijo que lo aprobado representa un avance medular en la transparencia y rendición de cuentas en los tres niveles de gobierno.

Agregó que con ello se propone que la contabilidad gubernamental sea un instrumento clave permanente y recurrente en la toma de decisiones; pero también que la ciudadanía, que la sociedad esté enterada de manera clara y comprensible respecto de cómo se utilizan los recursos públicos.

Posteriormente se levantó la sesión y se citó para el jueves 27 de noviembre, a las 11:00 horas.

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