• Comisión de Economía pide actualizar la Norma Oficial Mexicana que regula los máximos permisibles

Debido a que la población está expuesta a niveles de ruido perjudiciales para su salud, que pueden causar, incluso, la muerte, la Comisión de Economía, que preside Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a actualizar la NOM-081-SEMARNAT-1994 a los estándares internacionales avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece los límites máximos permisibles de medición de ruido.

La propuesta, hecha por el diputado Carlos Bracho González (PAN), advierte que el daño económico y el impacto negativo en la salud pública que genera la exposición prolongada a diferentes niveles de ruido afectan la competitividad laboral e incrementa la demanda de servicios sociales derivados como consecuencia de ese problema.

La OMS ha publicado diversos estudios sobre los daños que el ruido produce en la salud, al grado que se pueden catalogar en efectos sobre la audición, sobre el organismo y sicológicos, pero ninguno se refleja en la actual Norma Oficial Mexicana, enfatiza.

Agrega que el organismo internacional ha actualizado los estudios científicos (LARES Study) sobre el ruido, que permiten identificar los estragos a la salud en varias edades y entornos, como consecuencia de la exposición sistemática a diferentes intensidades de ruido.

El Estudio LARES “Ruido y morbilidad”, publicado por el Centro de Salud Pública de Berlín, demuestra que existe un impacto negativo real en la calidad de vida de las personas y si no se regula la exposición prolongada, puede generar estrés, bajo rendimiento, depresión y hasta la muerte.

El diputado Carlos Bracho señaló que su propuesta responde a una solicitud de ciudadanos de Torreón, Coahuila, “que están hartos de los ruidos que generan antros, discotecas y talleres en zonas habitacionales y piden que se regule la situación del ruido”.

Dijo que los municipios argumentan su imposibilidad de cancelar, clausurar o multar a estos establecimientos porque hay una norma oficial que mientras no se actualice, no les permite actuar.

“Es un exhorto para que el Ejecutivo se meta a fondo en este asunto y complete esta norma oficial con otros estudios científicos que hay del daño que hace el ruido en la comunidad”, subrayó.

De aprobarse, destacó, los municipios no tendrán la excusa de que es cuestión federal; es necesario contar con un documento del ejecutivo “donde nos diga que sí es de competencia local y que los municipios ya no evadan su responsabilidad”.

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