• Propone tipificar de manera homogénea los delitos de soborno, peculado y lavado de dinero
• Se realizaron en México 197 millones de actos corruptos: González Roaro

Al inaugurar la Jornada contra la Corrupción, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte Jáquez, afirmó que México ocupa el lugar 72 a nivel internacional y que este fenómeno no se limita a funcionarios públicos, por lo que es necesario tipificar de manera homogénea los delitos de corrupción, como soborno, enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero.

El evento fue organizado por la Comisión de la Función Pública, que preside el diputado Benjamín González Roaro, quien indicó que en 2007 se realizaron 197 millones de actos de corrupción en México y se pagaron 27 mil millones de pesos en “mordidas” por servicios públicos, lo que representó ocho por ciento de los ingresos de los hogares que perciben más de un salario mínimo.

Duarte Jáquez subrayó que para enfrentar la corrupción se requiere un riguroso control de los parlamentos, las autoridades de la justicia y una activa participación de la sociedad civil.

Refirió que de acuerdo a datos de Transparencia Internacional, en el mundo la corrupción genera un gasto de 50 mil millones de dólares al año, lo que representa el 50 por ciento de los recursos que se destinan para ayudar a los países pobres.

Además, cifras del Banco Mundial indican que la corrupción reduce el crecimiento de un país entre el punto cinco y el uno por ciento del Producto Interno Bruto anual y que el pago de sobornos a los funcionarios públicos representa un alto costo para las empresas, lo que las obliga a evadir o eludir el pago de impuestos.

La consecuencia más negativa de la corrupción generalizada, dijo, es el clima de impunidad creado por una justicia controlada por los intereses, organismos de control de la acción supeditados al poder, medios de comunicación socavados por los poderes políticos y económicos, así como la indiferencia de la ciudadanía.

Este flagelo, continuó, tiene consecuencias graves que afectan el desarrollo de los países, pues el dinero que se gasta en corrupción deja de aplicarse en servicios públicos; debilita el desempeño económico, a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho, destruye el orden institucional y propicia la expansión del terrorismo y la delincuencia organizada.

Además, puede tener efectos devastadores en las economías que pasan por una situación difícil, pues se vacían las arcas de los Estados, se arruina el libre comercio y se ahuyenta la inversión externa.

Señaló que para combatirla se debe impulsar el acceso público a registros contables; el establecimiento de estrictos reglamentos de contratación y sistemas de contrapeso mediante dependencias sólidas y organismos de vigilancia o auditorías autónomas.

“Reducir el costo de la corrupción en México ampliaría sensiblemente la capacidad del gasto de los hogares; implicaría una vida más digna, más cerca del desarrollo económico para todos al cumplirse cabalmente el Estado de Derecho en los actos cotidianos de cada uno de nosotros”, concluyó.

A su vez, el presidente de la Comisión de la Función Pública, dijo que según datos de Transparencia Mexicana, en los hogares que perciben menos de un salario mínimo, el gasto en corrupción fue de 18 por ciento.

“El presupuesto asignado este año para la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su conjunto, representa poco más de la mitad de los 27 mil millones de pesos que perdió el Estado por actos de corrupción”.

Agregó que a nivel regional México ocupa el lugar 14 en corrupción, “estos datos hablan de la seriedad con que debe abordarse este tema y del inmenso desafío al que nos enfrentamos los mexicanos”.

Añadió que la corrupción conlleva comportamientos como el fraude, soborno, nepotismo, conflicto de intereses, secretismo, extorsión y corrupción política, lo cual genera innumerables daños.

Dijo que esta Jornada contra la Corrupción es una oportunidad para reflexionar sobre este fenómeno, sus orígenes y causas, así las medidas para disminuir sus índices, ya que “constituye un hecho social y político de gran gravedad, que socava instituciones públicas, elimina la confianza de la sociedad, genera grandes daños económicos y amenaza los cimientos del Estado”.

En entrevista, destacó que esta LX Legislatura ha avanzado en los temas de la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y evaluación, con lo que “México está en el camino correcto para enfrentar este flagelo con reformas muy importantes que se van a materializar en los próximos años”.

No obstante, reconoció que falta mucho para abatirla, “no debemos de bajar la guardia, debemos de convocar también a la sociedad a que participe, que se involucre, que denuncie, que no participe de estos actos, porque en la medida en que se involucre y no tolere las pequeñas y las grandes corrupciones avanzaremos más”.

Reiteró que es prioridad de la Legislatura impulsar reformas importantes a la Constitución y a diversos ordenamientos legales que han tenido como objeto la transparencia, la revisión de cuentas la fiscalización y la buena gestión pública.

Entre ellas, mencionó la reforma al artículo sexto constitucional que establece las bases que rigen el acceso a la información pública gubernamental y los procedimientos para garantizar el ejercicio de este derecho y la reforma fiscal, de la que surgieron importantes modificaciones indispensables en la rendición de cuentas al otorgar al Congreso la facultad de legislar para homologar la contabilidad gubernamental en los tres órdenes de gobierno.

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