• El objetivo: evitar la tortura y violaciones, aduce el diputado David Sánchez

Con el objeto de que el Poder Ejecutivo federal, los Gobiernos estatales y los municipales impartan talleres de derechos humanos y de educación sexual entre los miembros de sus fuerzas policiacas y militares, el diputado David Sánchez Camacho presentó un punto de acuerdo.

El secretario de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables precisó que el uso deliberado y desproporcionado de las fuerzas policiacas y militares, como torturar, con la justificación legal del "restablecimiento del orden y la paz social", es una constante en las prácticas policiacas en el país.

Esta situación, añadió, que “supone el quebrantamiento de un Estado de derecho democrático y respetuoso de los derechos humanos de los ciudadanos por el Gobierno”.

En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, Sánchez Camacho refiere como violaciones lo sucedido en San Salvador Atenco en 2005, donde tras el enfrentamiento de 500 efectivos estatales y federales con campesinos de la localidad, un joven de 14 años de edad resultó muerto a causa de una bala de sal o un petardo, y 10 pobladores lesionados, dos de ellos por arma de fuego.

La matanza de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, por la policía motorizada, con 17 campesinos asesinados, “caso que atrajo las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de las Comisiones Interamericana y Nacional de los Derechos Humanos”.

En el caso de las mujeres, las violaciones cometidas por policías contra 23 de ellas que fueron detenidas y ultrajadas el 4 de mayo de 2005 en San Salvador Atenco; y el caso en la sierra de Zongolica, Veracruz, donde Ernestina Ascencio Rosario, indígena de 73 años, fue atacada sexualmente el 26 de febrero de 2007.

El diputado del PRD precisa que otro aspecto relevante es el que padece la población lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual en el país, relativo a actos de represión y hostigamiento perpetrados por fuerzas policiales.

Por ello, enfatiza, el Estado debe garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los mexicanos que son objeto de vejaciones o trato cruel, inhumano y degradante, hechos que evidencian discriminación, homofobia, violencia, misoginia y criminalización, tanto en los casos de protesta social como contra la población en situación de vulnerabilidad.

De ahí que el Poder Ejecutivo, en sus respectivos ámbitos federal, estatal y municipal, imparta talleres de derechos humanos y educación de la sexualidad a los miembros de las fuerzas policiacas y militares a su cargo, y que los Gobiernos federal, estatal y municipal adopten las medidas conducentes para promover la impartición de estos talleres.

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