Servidores públicos de los tres niveles de gobierno, incluidos los de elección popular, podrían ser condenados a prisión vitalicia en caso de cometer delitos relacionados con la delincuencia organizada, sugiere una iniciativa presentada por la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (PAN), la cual es analizada en la Comisión de Puntos Constitucionales y que podría ser dictaminada y aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones.

La legisladora destacó que el incremento de la violencia, “cada vez más organizada”, se agrava por la competencia entre bandas de delincuentes, lo que ha creado un clima de incertidumbre y desconfianza entre la población y ha dado lugar a un proceso de descomposición de las instituciones encargadas de prevenir y castigar los delitos.

“La fuerza de la delincuencia organizada radica, en algunos casos, en las alianzas y vínculos que han logrado establecer con funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, desde mandos policiales hasta esferas políticas, en algunos casos. Los transgresores corrompen a las autoridades y se mantienen en la impunidad”.

Dijo que las muertes violentas, los ajustes de cuentas, las desapariciones vinculadas con acciones de comandos policiacos y de narcotraficantes, son la constante en el país. “Los asesinatos de jefes de las corporaciones, así como la multiplicación del narcomenudeo, reflejan la batalla por el control del mercado de las drogas y otros sumamente remunerados”.

Recordó que en un visita reciente a nuestro país, Edgardo Buscaglia, analista de la ONU, señaló que, a nivel mundial, México ocupa el sexto lugar entre los países con mayor presencia de crimen organizado y que estos grupos han logrado relacionarse con el poder político, particularmente a nivel municipal.

De acuerdo con las aseveraciones del experto, México sólo estaría por debajo de Afganistán, Irak, Paquistán, Nigeria y Guinea Ecuatorial en cuanto a la presencia y nivel de operaciones de la delincuencia organizada. Mundialmente, el crimen tiene presencia en 38 países.

Según el analista, abundó la legisladora, se calcula que entre el 50 y el 60 por ciento de las alcaldías a nivel nacional podrían tener algún vínculo con grupos del narcotráfico y en este sentido, advirtió, “la actual estrategia del gobierno del combate al crimen organizado no será eficiente si no se rompen las redes financieras y los nexos del crimen con el poder político”.

Agregó que los funcionarios públicos han sido “capturados” por delincuentes principalmente vía sobornos, amenazas, extorsiones, nexos de amistad o familiares e incluso, se encuentran documentados casos en los que algunos de ellos son miembros de organizaciones delictivas.

“Al parecer la delincuencia organizada cuenta con un eje de dirección y mando, por ello actúa como si sus dirigentes fueran la autoridad y sus reglas. En los últimos 10 años, la violencia y los crímenes se han salido de los esquemas tradicionales, dejaron de ser una delincuencia menor y doméstica, para convertirse en una delincuencia organizada, transnacional, con participación de funcionarios públicos de diversos niveles de gobierno”.

Insistió que las bandas criminales que emplean sus propias técnicas, métodos e ideología, han podido asociarse a funcionarios públicos dedicados al secuestro, la extorsión, el narcotráfico, el acopio y tráfico de armas, el tráfico de órganos, la prostitución y explotación de menores, al robo de autos, y una lista interminable de ilícitos.

En consecuencia, opinó Lagunes Viveros, ante la falta de confianza en las instituciones y el conocimiento de la superioridad en la estructura de una organización criminal, la sociedad no denuncia muchos otros delitos, por desconfiar en los servidores públicos.

“Es por eso que ante la situación que priva en el país debe buscarse que los titulares de los mandos policiales de todos los niveles y cualquier funcionario público, incluidos los de elección popular, se vean obligados a hacer efectivo el principio de velar por el bienestar de la ciudadanía”.

Precisó que la iniciativa presentada y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales busca establecer como pena a funcionarios que cometan delitos de delincuencia organizada, la prisión vitalicia.

De acuerdo con la legisladora, la finalidad es modificar el artículo 22 de la Constitución Política para proteger a la sociedad de “estas malas autoridades”, estableciendo en la ley que en este tipo de conductas pueda imponerse la prisión vitalicia.

“La investidura de funcionario público implica un compromiso directo con la sociedad y con el Estado, por ser el más alto privilegio cívico a que puede aspirar un ciudadano”.

No basta la depuración de los elementos de la policía o realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades penales a los funcionarios públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos, se debe castigar de forma ejemplar a los funcionarios que incurren en estos delitos”.

Concluyó que si bien pareciera que la pena de prisión vitalicia podría ser, en un primer momento, cuestionable a la luz de los principios constitucionales, “es necesario señalar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado su viabilidad. Además, no implica que sea inhumana, cruel, infamante o excesiva.

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