Al presentar su Informe de Actividades 2008 ante el Pleno de la Comisión Permanente, el titular de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, expresó que es urgente poner un alto a la criminalidad desbordada porque está amenazando la paz social, pero con la aplicación rigurosa de las leyes en materia penal y el pleno respeto a las garantías fundamentales.

“Hay regiones de la República que sufren severas crisis de gobernabilidad. Ahí están los saldos del narcotráfico y el clima de inseguridad que se vive en varios puntos del país”, aseguró el ombudsman nacional.

Afirmó que es posible abatir la impunidad que caracteriza al delito y las actividades del crimen organizado con aplicación certera, eficaz y rigurosa de leyes, cualquier otro camino “puede hacernos caer en una simple forma de distracción, no para aprender a enfrentar la realidad de la delincuencia desbordada, sino para evadirla”, advirtió.

Dijo que la delincuencia organizada parece empecinada en mostrar que tiene capacidad para enfrentar con toda su fuerza al Estado, con actos de extrema violencia que atemorizan a la población, decapitando personas o cometiendo actos que ponen en riesgo la vida y libertad de los mexicanos.

“Así como defendemos el derecho al uso legítimo de la fuerza cuando se apega a los principios y las reglas que la permiten, nos opondremos a aplaudir el abuso como método de trabajo de cualquier agente de la autoridad, o a asumir que una situación excepcional pueda ser considerada como parte de la normalidad social y de la vida cotidiana”.

En este sentido, José Luis Soberanes informó a los diputados que en 2008, de las 6 mil 4 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) registró mil 230; la Procuraduría General de la República (PGR) 769; la Policía Federal Preventiva (PFP) 284 y el Instituto Nacional de Migración (INM), 258.

En el mismo periodo, agregó, emitimos 67 recomendaciones. Los principales destinatarios fueron la Sedena con 14; el INM recibió 7 y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 5.

Ante este escenario subrayó: “Las situaciones que enfrentamos han obligado al Estado a hacer uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales que no son de su competencia, poniendo en riesgo la plena vigencia de las garantías individuales, así como el reconocimiento que con tantos años de trabajo labró nuestro Ejército Nacional”.

Agregó que la presencia y acción directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser temporal. “No hagamos de lo excepcional algo normal, a menos que aceptemos que se desdibuje el proyecto nacional trazado en nuestra constitución”.

José Luis Soberanes consideró que el rechazo a las recomendaciones emitidas “en nada contribuye a combatir la impunidad, por el contrario, abren la puerta para que otras autoridades sigan cometiendo abusos sin señalamiento y castigo alguno”.

Asimismo, informó que se presentaron 216 quejas contra el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, 191 para la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores registró 189.

El Instituto Mexicano del Seguro Social recibió en contra mil 7 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Y se recibieron 256 quejas por deficiencias en la atención a derechohabientes del ISSSTE y 237 en contra de la Secretaría de Educación Pública.

El informe se remitió a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.

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