• Se trata de homologar el tipo penal y su sanción a nivel nacional, aclaró

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado César Camacho Quiroz, informó que ocho legislaturas locales han aprobado la reforma constitucional al artículo 73, que permitirá al Congreso de la Unión legislar en materia de secuestro y expedir leyes que establezcan los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.

En entrevista, dijo que un tema prioritario en el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de la LX Legislatura, será la aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro, cuyo objetivo es la unificación del tipo penal y su sanción.

Se busca, agregó, que en una sola Ley General se incorpore un mismo tipo penal, una política criminal para todas las legislaciones en la materia, la obligación de las autoridades a coordinarse con reglas claras y la consolidación de un fondo antisecuestro.

“Nos parece de una gran trascendencia la existencia de un fondo para poder ayudar a las víctimas y a los testigos, proveniente de la extinción del dominio de los bienes de los criminales dedicados a esta actividad”.

Camacho Quiroz precisó que también en la agenda de esta Comisión se contempla una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), tema que se encuentra vinculado a la propuesta presidencial de tener una sola policía.

“Es muy peligroso el planteamiento original del Presidente, en cuanto a sola policía; creemos que la actual AFI, que depende de la PGR, debe cambiar, pero el procurador necesita tener poder de mando sobre los brazos ejecutores de muchas de sus decisiones”.

Por ello se pronunció a favor de una nueva Ley Orgánica que no sólo le dé agilidad a los trámites, sino que los someta a controles de confianza y modifique la organización.

Otra prioridad de la Comisión, afirmó, es un nuevo Código Procesal Penal Federal, en donde se dotaría al Ministerio Público de mayores herramientas para fortalecerlo y, a la vez, deje de ser la autoridad rectora del proceso, ya que sus pruebas ya no tendrán valor desde la averiguación previa, sino que serán desahogadas ante el juez y valoradas por él.

César Camacho mencionó que además se busca una reforma para suprimir la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consolidándola como un tribunal constitucional.

“Al suprimir dicha facultad no jurisdiccional se preservará su calidad de máximo tribunal, permitiendo que se concentre en asuntos propios de su naturaleza”.

En ese mismo sentido, añadió, se dota de seguridad jurídica a los ciudadanos, ya que tal facultad no está reglamentada, y que al no tener efectos vinculatorios, se hace nugatoria, engañosa, la protección total de garantías individuales que, en su caso, se estimen violadas.

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