Con el propósito de establecer mecanismos legales que permitan a los trabajadores obtener una mayor pensión al momento de su retiro, la diputada Lorena Martínez Rodríguez (PRI) planteó reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Durante la sesión de hoy, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, dijo que entre enero y diciembre de 2008 se perdieron 102 mil 428.6 millones de pesos de los recursos por retiro, cesantía, vejez y ahorro voluntario.

“En abril, estos recursos cayeron mil 363.21 millones de pesos; en junio, 49 mil 319.61 millones de pesos; en septiembre, 11 mil 101.91 millones de pesos; en octubre, 29 mil 8.08; y en noviembre, 11 mil 635.76. No obstante, en el mismo periodo las Afores percibieron 14 mil 235 millones de pesos sólo por ingresos por comisiones”.

En ese año, agregó, sólo 18.5 por ciento de las cuentas de las Afores tuvo aportaciones, es decir, 8 de cada 10 cuentas registradas se encuentran inactivas.

Advirtió que según estimaciones de la Consar, en promedio, los trabajadores afiliados al IMSS obtendrán una pensión equivalente a la tercera parte de su sueldo y aquellos que ganan tres salarios mínimos o menos, es decir 57.5 por ciento, no alcanzará una pensión equivalente al salario mínimo, por lo que el Estado tendrá que encargarse de asumir el costo de la diferencia.

Se pronunció porque las administradoras de los fondos de retiro compartan los riesgos de las inversiones con los trabajadores.

La iniciativa señala que, de acuerdo con proyecciones de la Consar, los recursos administrados por las Siefores representarán 30 por ciento del PIB en 2030 y 50 por ciento para 2050, “en 20 años serán superiores a los activos administrados por los bancos”.

Propuso que se garantice en la ley un rendimiento mínimo de uno por ciento a la comisión sobre saldo, para que el trabajador tenga mayores recursos al retirarse; además, establecer el derecho de la acción colectiva y que sea la Condusef el organismo que ejerza la acción colectiva, pues es la responsable de proteger y defender los derechos de los usuarios de servicios financieros.

También, que los fondos de retiro dispongan de recursos adicionales, mediante la aplicación de las multas que impone la Consar y se integren a los fondos a cargo de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro.

La propuesta se envió a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público.
Reformas a la Ley Aduanera
En el transcurso de la Sesión, se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público una iniciativa del diputado César Duarte Jáquez, para modificar diversas disposiciones de la Ley Aduanera, a efecto de dar certeza jurídica a importadores, exportadores y al agente aduanal, por considerar que este último tiene una profesión de alto riesgo en materia administrativa, tributaria y penal.
El documento precisa que es común encontrar criterios emitidos por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Poder Judicial, donde se pronuncian en contra de los actos de las autoridades que han determinado impuestos y sanciones ante eventos que salen de la esfera o ámbito de actuación de los agentes aduanales, como robo de mercancía, artículos ocultos, cambio de domicilio de los particulares y documentación apócrifa.
De ahí que planteó definir el alcance de la responsabilidad de los agentes aduanales, acotando su ámbito de actuación a los medios inmediatos que tienen para el despacho aduanero de las mercancías, y se reconoce que el agente aduanal es un perito en materia de comercio exterior, pero que requiriéndose de la actuación de especialistas como son peritos o laboratorio no se le puede sancionar.

Cuenta pública

La diputada Guillermina López Balbuena propuso reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, con el propósito de que la Cuenta Pública se presente a más tardar el 15 de febrero del año siguiente al ejercicio correspondiente.

Además, que la fecha de aprobación por parte del Pleno de la Cámara de Diputados del informe del resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública sea a más tardar el 30 de septiembre del mismo año de su presentación, y evitar el congelamiento o rezago de asuntos que este órgano legislativo está obligado a analizar.

“Con ello daremos un paso importante para la consolidación de la democracia en el aspecto de rendición y transparencia, otorgando gobernabilidad para determinar y calificar la gestión pública, coadyuvando al mejoramiento del quehacer gubernamental”.
Dijo que no se deben tolerar los amiguismos, compadrazgos y tráfico de influencias, a quienes se aprovechan de lagunas en la ley para poder llevar a cabo sus negocios familiares. Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública.
Derechos sociales de la población infantil
A las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos Humanos y de Justicia se turnó otra propuesta de la diputada Guillermina López Balbuena (PRI) para reformar diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como del Código Penal Federal.
Señaló que es urgente intensificar las acciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales de la población infantil, con la aplicación de una política social como mecanismo para su cumplimiento, teniendo como prioridad hacer que la infancia cuente con todo lo necesario para lograr su desarrollo integral.
De acuerdo con estudios de la Organización Mundial de Salud, anualmente un millón de niños y niñas son inducidos al mercado sexual, como la pornografía infantil, la explotación sexual y actividades similares, cuya naturaleza conlleva violencia contra ellos.
Según la Organización Internacional del Trabajo, la trata de personas es el tercer negocio más redituable del mundo, se calcula que a nivel internacional 2.4 millones de personas son víctimas de ello.
Destacó que se requieren programas y políticas públicas eficaces e integrales que formen parte de una estrategia amplia que incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y penalización, así como medidas de rehabilitación y reintegración de las víctimas.
Urge crear un sistema de protección de los derechos de la niñez para garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil y de niñas, niños y adolescentes en el diseño, ejecución, implantación y evaluación de las políticas públicas enfocadas a este sector de la población.

Evaluación de programas sociales

Para verificar el desempeño de programas sociales y la legalidad en la aplicación de los recursos públicos, la diputada Guillermina López Balbuena (PRI) presentó una iniciativa, a fin de evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijadas en el presupuesto.

La propuesta remitida a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Función Pública y de Gobernación, plantea realizar auditorías de desempeño de manera trimestral durante el ejercicio fiscal en curso a programas sociales establecidos en la ley.

Para ello propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución, y de las leyes de Fiscalización Superior de la Federación, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, General de Desarrollo Social, y Orgánica de la Administración Pública Federal.
Por otra parte, presentó una iniciativa para reformar la Constitución y la Ley de Planeación, para que la Cámara de Diputados se convierta en el órgano que apruebe los lineamientos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como las modificaciones que durante su vigencia sean propuestas por el Ejecutivo federal.
Subrayó que es necesario contar con un Plan Nacional de Desarrollo que tenga el aval de todas las fuerzas políticas, con la finalidad de participar directamente en el crecimiento de la economía y la equitativa distribución de los recursos.
Es fundamental, dijo, implementar la cultura de supervisión, así como asumir cada quien su responsabilidad para crear una sociedad basada en el conocimiento, donde los recursos impacten de manera equitativa a los diferentes grupos sociales y mejoren el bienestar de la población. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público.
Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la próxima, que tendrá lugar el jueves 5 de febrero, a las 12:00 horas.

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