• Presentó la diputada Guillermina López Balbuena iniciativa al respecto

Anualmente un millón de niños y niñas son inducidos a la pornografía infantil, la explotación sexual y actividades similares cuya naturaleza conlleva violencia contra ellos, según indica la Organización Mundial de Salud, aseveró la diputada Guillermina López Balbuena (PRI).
Destacó que en el caso de México, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, uno de cada tres hogares presenta violencia familiar, y se calcula que 20 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de explotación sexual comercial.

De ahí que presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como el Código Penal Federal.

Enfatizó que lo más lamentable es que la mayor parte de los casos no se denuncian debido a la falta de instancias y procedimientos apropiados para presentar y tramitar las acusaciones de tortura física o psicológica, tratos crueles y degradantes contra niños.

Refirió que según la Organización Internacional del Trabajo, la trata de personas es el tercer negocio más redituable del mundo, luego del tráfico de drogas y de armas, con ingresos estimados en 32 mil millones de dólares. Se calcula que a nivel internacional 2.4 millones de personas son afectadas por este delito.

Conforme a la organización Red por los Derechos de la Infancia en México, existen alrededor de 3.5 millones de niños trabajadores; de ellos, 170 mil viven y trabajan en las calles; aproximadamente 16 mil niñas y niños son explotados sexual y comercialmente cada año en las zonas indígenas.

López Balbuena mencionó que la ONU establece que el 80 por ciento de las mujeres y niñas víctimas de explotación sexual sufrieron violencia familiar; en 50 por ciento, la persona que realizó el abuso sexual por primera vez fue el padre y 25 por ciento, el padrastro.

Precisó que un estudio de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, señala que en el Distrito Federal hay más de 250 mil mujeres y niñas en la prostitución. De ese total, casi 88 por ciento no son originarias de la Ciudad de México, 89 por ciento empezaron entre 12 y 13 años, y 99 por ciento son explotadas por lenones y lenonas.

De esas cifras se desprende que casi el 82 por ciento de estas mujeres y niñas son analfabetas o con primaria incompleta, observándose que se abusa de su necesidad económica.

De acuerdo con datos proporcionados por organizaciones que brindan atención a las víctimas de explotación sexual, la mayoría llegaron por condiciones de engaño, fraude, compraventa, coerción, fuerza, plagio o robo. Las entidades federativas de donde provienen son Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.

El documento turnado a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos Humanos y de Justicia para su estudio y dictamen se subraya que se requieren programas y políticas públicas eficaces e integrales que formen parte de una estrategia amplia que incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y penalización, así como rehabilitación y reintegración de las víctimas.

Señala que es urgente intensificar las acciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales de la población infantil, con la aplicación de una política social para su cumplimiento, teniendo como prioridad hacer que la infancia cuente con todo lo necesario para lograr su desarrollo integral.

“Urge crear un sistema de protección de los derechos de la niñez para garantizar la participación de organizaciones de la sociedad civil y de niñas, niños y adolescentes en el diseño, ejecución, implantación y evaluación de las políticas públicas enfocadas a este sector de la población”.

También es necesaria una política pública con perspectiva de género que disminuya la vulnerabilidad y que promueva un cambio cultural profundo en la sociedad que apunte a generar una conciencia del fenómeno fuera de concepciones discriminatorias, especialmente de carácter sexista y etnocéntrico.

“Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir en condiciones de bienestar, garantizar en la medida posible su supervivencia, desarrollo, y protección de los derechos a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral, participación y todos aquellos establecidos en la Constitución y demás tratados internacionales suscritos por México”, agrega.

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