• La actual Ley Federal del Trabajo inhibe generación de plazas laborales, advierte
• El Estado, principal actor en materia de crecimiento: Isaías González
• Se complican las cosas por caída del Petróleo: Macario Schettino
El Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, dijo que ante las deficiencias del sector laboral expresadas en desempleo, salario insuficiente e informalidad de la economía es necesario realizar una actualización integral del marco jurídico laboral vigente.

Nuestro país está lejos de tener el número y la calidad de empleos que necesita; el salario mínimo desde hace décadas ha dejado de ser un verdadero ingreso remunerador para convertirse más en una referencia indexatoria y sólo 66 por ciento de la población ocupada son empleados, a diferencia del 88 por ciento, que es el promedio de los países de la OCDE, advirtió.

En el foro México ante la crisis: ¿Qué hacer para crecer?, Lozano Alarcón subrayó que los jóvenes reportan tasas de desempleo superiores que el promedio de la población y que más de 3 millones 600 mil niños, entre 5 y 17 años, trabajan en nuestra nación; de estos, un millón cien mil son menores de 14 años de edad, ejemplificó.

“Ocupamos en el Índice General de Competitividad del Foro Económico Mundial el lugar 60 de 164 países; en flexibilidad laboral el 99; y en el rubro de eficiencia en el mercado laboral el 110”.
“Estoy convencido de que podemos y debemos ser más productivos en las relaciones laborales, reforzando la previsión social y respetando los derechos fundamentales de los trabajadores, pero los invito a no perder de vista que la actual Ley del Trabajo data de mayo de 1970 y que buena parte de su contenido viene de 1931”.

La Ley Federal del Trabajo, agregó, es una pieza legislativa que inhibe la generación del empleo formal en el actual y futuro entorno competitivo mundial y, paradójicamente, en su obsolescencia termina por arrojar a miles hacia la economía informal o la emigración.

Lozano Alarcón enfatizó: “Es una Ley de marcada vocación social, pero sin orientación clara y explícita hacia la productividad y competitividad. Está llena de buenos propósitos pero sin instrumentos certeros y adecuados para llevarlos a la práctica”.

Añadió que si bien consagra por igual la autonomía y la libertad sindical privilegia la posición de las dirigencias y relega a un segundo término la voluntad de las mayorías y la libre asociación.

“Se trata de una Ley que impone deberes pero no sanciones efectivas. Es un instrumento que si bien privilegia la estabilidad en el empleo restringe el acceso al trabajo formal. Cobija la opacidad y genera incentivos perversos para prolongar indebidamente los juicios laborales”.

Por lo anterior, se pronunció por analizar el marco jurídico laboral para promover su actualización, a fin de favorecer la generación de empleos bien remunerados y con seguridad social, así como la productividad, competitividad, previsión social e impartición de justica laboral.

“No necesitamos nuevas iniciativas, está en manos del Congreso un cúmulo de 264 iniciativas que se han presentado en los últimos once años, de distinto corte y profundidad, y que están a la espera de ser dictaminadas y votadas”.

A su vez, Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) precisó que la participación del Estado en la economía no puede reducirse a actividades de vigilancia o de aplicación de regulaciones de los mercados, sino que el Estado es el principal actor en materia de crecimiento económico y desarrollo social.
La crisis económica, añadió, demuestra que cada país debe establecer sus condiciones de desarrollo a partir de políticas públicas y de un acuerdo entre los actores sociales, políticos, institucionales y productivos para resolver los problemas estructurales de la economía nacional.

Señaló que su compromiso es el de seguir con el diálogo social para evitar que se afecte a los trabajadores y sus familias, “seguiremos trabajando porque somos promotores del empleo, la educación y la capacitación”.

En su oportunidad, el director de Investigación y Programas Doctorales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Macario Schettino Yáñez, dijo que requerimos una nueva reforma fiscal que permita cubrir la mayor parte de “los 300 mil millones de pesos que ya no nos dará el petróleo y requerimos tomar medidas que permitan que la inversión extranjera directa sea el año próximo lo más grande posible para evitar que el déficit en cuenta corriente no pueda cubrirse”.

Afirmó que México está en un momento crítico porque en 2008 el déficit comercial fue menor de 17 mil millones de dólares; para 2009, aunque la menor actividad económica implicará un menor déficit comercial, la falta de inversión extranjera provocará un ajuste mayor; sin embargo, para 2010 las cosas se ven complicadas, debido a la caída en la producción de petróleo, para entonces ya no habrá un superávit y en consecuencia éste se trasladará directamente a la cuenta corriente.

“La reforma fiscal mencionada es de tal magnitud que sólo considerando con seriedad la aplicación general de impuestos indirectos podría hacerla posible de financiar, no obstante aún así se vislumbra complicada; la única alternativa es que el Estado renuncie a la provisión de algunos bienes públicos”.

Agregó que mientras haya empresarios con ventajas construidas desde el Estado, sindicatos subsidiados, sigamos regalando dinero a las centrales campesinas y no tengamos indicadores de desempeño serio para el sistema educativo desde preescolar hasta universidades públicas, no existe ninguna posibilidad de crecimiento.
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