Con 365 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el Pleno Camaral aprobó reformas al artículo 61 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para precisar que los permisos de transportación de materiales peligrosos y explosivos derivados de concesiones hechas por la Secretaría de la Defensa Nacional, deberán ajustarse a las medidas de seguridad que establecen las leyes, reglamentos y normas en la materia.

El dictamen de la Comisión de Defensa Nacional estipula que si por el incumplimiento de las medidas de seguridad que establece esta Ley y los ordenamientos aplicables se causara un siniestro que produzca lesiones, muertes o destrucción de inmuebles, será suspendido o cancelado el permiso de manera inmediata al titular de éste sin ser limitativo para la aplicación de otras Leyes u ordenamientos respectivos.

Se recuerda que los acontecimientos ocurridos el pasado 9 de septiembre de 2007, en la carretera Monclova-Cuatro Ciénegas, en Coahuila, mismo que causó la muerte de 29 personas, “es un incidente lamentable y que aflige a todos los ciudadanos y que pasará a la historia como una de las peores tragedias carreteras”.

El documento señala que 51 mil 315 tráileres con materiales explosivos circulan al año en las carreteras mexicanas sin llevar custodia alguna.

Subraya que la Cámara de Diputados no debe soslayar lo ocurrido y emprender acciones tendientes a eficientar el sistema carretero nacional en sus tres órdenes, federal, estatal y municipal, no solamente legislando sino coadyuvando a que el marco jurídico ya existente tenga una eficaz aplicación.

La reforma se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Acuerdos IFE

La Cámara de Diputados recibió del Instituto Federal Electoral los acuerdos por los que se emiten las normas reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos y sobre propaganda gubernamental.

El primero establece que el secretario ejecutivo debe disponer las medidas necesarias para su difusión a los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, con la finalidad de generar certeza en el proceso electoral federal 2009.

Considerando que todo servidor público tiene la obligación de utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas exclusivamente para el cumplimiento de los fines para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y así salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

El segundo acuerdo precisa que el secretario ejecutivo debe disponer las medidas necesarias para su difusión a los gobiernos estatales y municipales, para generar certeza en el proceso electoral 2009, considerando que constituyen infracciones de las autoridades o servidores públicos, según sea el caso, la difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral.

Licencia de diputados y protestas

Los diputados Patricia Villanueva Abraján (PRI) y Daniel Chávez García (PAN) solicitaron licencia por tiempo indefinido para separase del cargo de diputado federal de la LX Legislatura a partir del 10 de febrero.

En tanto, los ciudadanos Susana Sarahí Carrasco Cárdenas (PAN), del estado de Michoacán; Miguel Ángel Macedo Escartín (PRD), del Distrito Federal, así como Víctor Manuel Virgen Carrera (PRI), de Oaxaca, rindieron protesta de ley como diputados federales en la LX Legislatura.

Comunicaciones

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se recibió un acuerdo en el que se solicita al Congreso de la Unión la eliminación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). Se mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A la Comisión de Cultura se envió un oficio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el que da respuesta a un punto de acuerdo que exhorta a este instituto la instalación de una mesa de especialistas para que emitan una opinión técnico-académica sobre el proyecto Resplandor Teotihuacano.

Se conoció de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la respuesta a un acuerdo relativo al fondo de reserva de la empresa de Seguros la República, actualmente Interacciones, SA de CV, con el objeto de afrontar sus obligaciones patrimoniales, contraídas respecto al pago del seguro de vida de miles de trabajadores y ex trabajadores de Petróleos Mexicanos, contratado durante el periodo 1970-1992.

A las Comisiones de Puntos Constitucionales y de la Función Pública se remitió una excitativa del senador Silvano Aureoles Conejo (PRD), en la que pide se dictamine una minuta con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política.

De la Secretaría de Gobernación se recibieron contestaciones a dos puntos de acuerdo, relativos a los trabajadores migrantes en retorno y al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá.

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