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Boletín N°. 3716 Es prioridad alcanzar la reforma constitucional en derechos humanos

Tras asistir al informe de Derechos Humanos de México ante la ONU, las diputadas federales Omeheira López Reyna (PAN) y Aliet Bautista Bravo (PRD), presidenta y secretaria de la comisión de Derechos Humanos en el congreso, consideraron como una prioridad alcanzar la Reforma Constitucional en Derechos Humanos en este periodo legislativo.

El Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, tras el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, externó a las legisladoras el compromiso de apoyar las reformas en la materia como una prioridad del gobierno federal del presidente Calderón.

Durante una reunión con organizaciones no gubernamentales, horas después de haber presentado el informe ante la comunidad internacional, el secretario de Gobernación ofreció además tomar en cuenta las opiniones sobre la situación de los Derechos Humanos en México y dar el seguimiento puntual a las recomendaciones emitidas por las organizaciones

Las principales demandas de las ONG mexicanas en el encuentro fueron las de armonizar la legislación mexicana en la materia, acorde a los instrumentos internacionales, reforzar la fiscalía de agravio a periodistas debido a que cada vez es más riesgosa la profesión para quienes investigan información relacionada con el crimen organizado y atacar por el sistema judicial los casos de impunidad, tortura y detenciones arbitrarias que se han incrementado.

López Reyna y Aliet Bautista Bravo serán recibidas en Ginebra, por la Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, y sostendrán una reunión con organizaciones internacionales de derechos humanos, cuyo trabajo se enfoca en México.

Las legisladoras informarán de las Reformas Constitucionales en Derechos Humanos que se promueven en el congreso mexicano y que se espera pronto sean aprobadas .

El gobierno Mexicano ha expresado a través del Secretario de Gobernación la firme voluntad de respaldar leyes y reformas que den certeza y protección a las garantías individuales, por lo que al Poder Legislativo le corresponde hacer lo conducente.

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